La muerte de personas detenidas bajo la custodia del Estado ya es común en Ecuador.
El trágico fallecimiento de José Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia, se suma a una larga cadena de muertes dentro del sistema penitenciario, varias de ellas de personas vinculadas en casos de suma gravedad y cuyos testimonios resultaban indispensables la investigación.
Desde el momento en que un ciudadano es detenido, por el motivo que fuere, el Estado tiene la obligación de velar por su integridad. La ley, la Constitución y diversos instrumentos internacionales exigen que el Estado proteja al detenido tanto de las amenazas provenientes de terceros, como de sí mismo en el caso de quienes sufren problemas graves de salud mental o física.
Resulta oportuno y urgente recordar este imperativo, sobre todo en estos tiempos en que el Estado se afana por emplear con presteza medidas cautelares como la prisión preventiva. Si el Estado opta por la premura al momento de detener a sus ciudadanos, debe estar en condiciones de responder por ellos.
Ningún sentido tiene publicitar arrestos, irrumpir en domicilios de madrugada, abordar a los detenidos con equipos tácticos como si fuesen de altísima peligrosidad y desatar tempestades de enardecida especulación entre la opinión pública si es que ni siquiera se puede garantizar la sobrevivencia y el debido proceso de los acusados.
Desenlaces como el de Briones, quien en reiteradas ocasiones advirtió públicamente sobre su frágil situación, siembran dudas y desconfianza con respecto a las investigaciones y la administración de justicia.
Que un hecho así jamás se repita.
FRASES DEL DÍA
«La cólera da ingenio a los hombres apagados, pero los deja en la pobreza.”
Isabel I (1533-1603)
Reina de Inglaterra e Irlanda
«Siempre somos, inexorablemente, el adversario de alguien.”
Sir Lawrence Freedman (1948)
Catedrático inglés experto en estrategia