Las declaraciones del ministro Fernando Santos Alvite, más propias de un discreto café de la Guerra Fría que de un medio virtual YouTube- que mueve billones al día en el siglo XXI, han servido para restarle legitimidad a la decisión tomada por la ciudadanía con respecto al ITT.
El ministro, apelando a un criterio individual anticuado, parece no entender la consecuencia económica que está en riesgo y que, aunque no alcance todavía a darse cuenta, empeña el futuro de toda una nación.
La consulta, que ha costado mucho y significó una gran apuesta en una dirección estratégica clara para el futuro del país, ahora está siendo desafiada por criterios técnicos que, en el fondo, esconden intereses económicos de otra índole. No solo el régimen del presidente Guillermo Lasso como su Ministerio de Energía intentan ahora desacreditar un esfuerzo sostenido, con reglas claras establecidas desde un inicio, sino que creen que pueden hacerlo sin que ello tenga gravísimas repercusiones económicas y políticas.
Una vez más, el Ecuador, llevado por tecnicismos y discordias internas, producto de la estrechez de miras de su clase política, falta a su palabra. Parece no entender que este no es el mundo del siglo pasado. Los políticos ecuatorianos de 1941, en el momento en que Estados Unidos ponía la base en Baltra o las propiedades alemanas eran confiscadas, no eran capaces de sentir ni de vivir lo que sucedía en las ruinas de Stalingrado o en 1945 en Berlín. En 1984, en plena crisis del petróleo, no sentían lo que vivieron los ciudadanos de Irak e Irán. Hoy, los ecuatorianos deberían, ante todo, ser capaces de entender lo que sufren países como Irán, Ucrania, Venezuela o China antes de tomar una decisión tan abrupta como jugar con un proceso en el que todo el mundo puso sus ojos.