El azar — y las consecuencias inesperadas de las maniobras políticas— hizo que dos funciones del Estado —la Legislativa y la Judicial— terminaran presididas por dos primos. En un país con cierto sentido del decoro y una clase política decente, semejante situación atípica requeriría de parte de ambos sujetos exagerada cautela y un código ético de una rigurosidad que bordeara el extremismo, —si ninguno de los dos está dispuesto a rechazar el cargo por elemental delicadeza—
Era justo esperar que, por respeto a los ciudadanos y a sus colegas funcionarios del Estado, ninguno de los cuales tiene acceso a los reservados e infidentes espacios de discusión que facilita el parentesco, los primos se abstuvieran a rajatabla de mantener cualquier contacto, directo o indirecto, que no estuviera sujeto al escrutinio público. Una vez más se demuestra que ni el ‘decoro’ ni el afán de dar buen ejemplo son prioridad para nuestra clase política; así, los primos Saquicela no tuvieron problema alguno en llevar a cabo reuniones a espaldas del público— además, en un momento en que la democracia ecuatoriana lucha por mantener la independencia de poderes— pese a los comprensibles juicios negativos que eso despertaría, tanto sobre el Estado al que representan como sobre ellos mismos y el apellido que los une.
Pero no todo es malo. Al menos la reacción temblorosa y pueril del legislador Esteban Torres al ser confrontado con la evidencia de los encuentros y el silencio de parte de la Corte Nacional de Justicia muestran que todavía queda algo de sentido de la vergüenza.