Hace pocos días, en Guadalajara, México, el periodista Jaime Barrera escribió una columna acerca del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En su escrito, detallaba los más cruentos episodios protagonizados por esa organización contra el Estado y su gente, y enfatizaba la preocupación que existe en el extranjero por dar con su cabecilla. Destacaba cómo, en contraste, en México, durante el Gobierno de López Obrador, tanto la clase política como la propia comunidad se muestran vergonzosamente tolerantes con el grupo y su jefe. La respuesta fue más violencia.
Barrera fue secuestrado este lunes 11, a plena luz del día, en un operativo de envergadura. Tras más de 24 horas —retenido y maltratado, interrogado acerca de quién estaba detrás de lo que escribía— fue liberado, bajo la advertencia de que “le baje” a sus contenidos. De nada sirvió que se tratara de uno de los personajes más reconocidos del periodismo local. Los criminales querían dejar en claro que podían alcanzar a quien quisieran, cuando quisieran, y dictar sus condiciones. Jalisco Nueva Generación es una organización presente en decenas de países —Ecuador entre ellos— y esta “cultura corporativa” no tarda en extenderse.
Hechos de esta naturaleza constituyen recordatorios de la persistente fragilidad de nuestras democracias. La desidia estatal y legislativa ante la Libertad de Prensa y de Información, la indiferencia de ciertos sectores de la ciudadanía, y el claro interés de quienes defienden intereses reñidos no solo con la ley, sino con los más fundamentales derechos, confabulan en contra de quienes luchamos a diario por construir países de paz, con reglas claras, donde se pueda soñar en la prosperidad.
La advertencia es clara y no nos es ajena.