La promesa del presidente Guillermo Lasso de construir un modelo económico basado en la iniciativa privada ha resultado hasta ahora una quimera. El Legislativo bloquea todo giro hacia una economía más libre, pero también se percibe falta de determinación del propio mandatario. Aunque en muchas áreas tiene las manos atadas, en lo tributario y comercial el Ejecutivo sí cuenta, constitucionalmente, con un gran margen de acción que parece teme aprovechar.
El país sigue inmerso en un sistema que, desde todos los frentes, encarece la actividad privada, reduce el poder adquisitivo y prioriza el mantenimiento de la burocracia. La inesperada reforma tributaria castigó la capacidad de consumo e inversión de la clase media para privilegiar el ineficiente gasto corriente. El resultado ha sido un país con menos actividad privada para dinamizar la economía y, al mismo tiempo, sin inversión pública que la reemplace.
La elevada carga arancelaria, la abundancia de trámites y los costos laborales hacen que la actividad formal, que ya de por sí tiene que vérselas con un mercado reducido y empobrecido, resulte prohibitivamente cara. Ante ello, lo que crece es el comercio ilegal y la informalidad.
El gobierno anuncia un oportuno correctivo tributario. ¿Cuándo hará lo mismo con aranceles, tasas y trámites? Incluso si no aumentara sensiblemente la recaudación —que sí lo hará—, incrementaría la formalidad y la participación de la actividad privada, justo lo que se supone que un régimen como este debería perseguir. ¿O acaso ya solo piensa en la forma más fácil y rápida de cuadrar las cuentas fiscales?