La sociedad ecuatoriana —su economía, su modelo de administración, el importante aunque siempre insuficiente progreso alcanzado en las últimas décadas— depende de los recursos no renovables mucho más de lo que la mayoría de ciudadanos cree. Este desconocimiento generalizado se debe en parte al descuido de quienes han conducido el país, pero también al interés de muchos grupos por mantener a la mayoría de la población ignorante sobre la riqueza del subsuelo—algunos en su intento de preservar el ‘tesoro’, solo para ellos, y otros porque han creído, con su tradicional desdén, que involucrar a la gente traería obstáculos y malas decisiones—.
La clase política ecuatoriana —especialmente el correísmo— ha mantenido una posición tan cómoda como pusilánime al respecto: pese a ser absolutamente dependiente del extractivismo, demuestra tibieza al momento de admitir esta situación y se rehúsa a defenderlo públicamente. Se insiste en hablar de la extracción de recursos no renovables como si fuese algo menor, temporal o producto de una contingencia provisional, cuando es algo trascendental, permanente y absolutamente determinante para nuestro presente y futuro.
La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Electoral revivirá el pedido de consulta popular del colectivo Yasunidos con respecto al crudo del bloque ITT. Coincide además con el acuerdo logrado en la mesa de diálogo de la Conaie en la que el Gobierno deberá activar la consulta ambiental y, en conjunto, una ley para la consulta previa, libre e informada para explotación de recursos naturales.
De llegar a concretarse, es una oportunidad única para que el Estado lleve a cabo un genuino esfuerzo por educar a la gente sobre los recursos no renovables, para que la ciudadanía tome decisiones informadas. Marginar a la ciudadanía de dichas decisiones no es legítimo; no podemos ni debemos tenerle miedo al ejercicio democrático.