No se puede hablar de democracia ni de autoridad legítima cuando no existen elecciones limpias y se obliga a una candidata a participar en condiciones injustas y desiguales. Tal y como están las cosas, Santo Domingo de los Tsáchilas se apresta a vivir una pantomima en las urnas. De forma inexplicable —fuera de todo plazo legal e ignorando el proceso previo de escrutinio y autorización— el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) amenaza con ingresar una séptima impugnación contra la candidata a prefecta Yadira Bayas. Para colmo, el CNE no termina de entregar los fondos de campaña a la mayoría de candidatos en la provincia.
Llama la atención que, en este caso puntual, el TCE exhiba un brío perspicaz que no ha mostrado hacia ninguna de las otras 61.850 candidaturas que se alistan a terciar, a nivel nacional, en tres semanas. Se trata del mismo tribunal — y Consejo Nacional Electoral— que en otras ocasiones no ha tenido empacho en permitir que un candidato a Presidente se registre con cédula falsa, en tolerar candidatos a alcalde con juicios pendientes o en reconocer explícitamente que no contaba con los recursos ni con las competencias para prevenir la infiltración de dinero sucio en la campaña—.
¿Qué guarda la provincia de Santo Domingo —o qué amenaza representa Bayas— como para que la Función Electoral esté dispuesta a aceptar recursos fuera de plazo e, incluso, a alterar el calendario de impresión de papeletas?
Como ya se ha vuelto usual en el país, nadie dentro de la Función Electoral se hace responsable de estos atropellos y lo único que la ciudadanía encuentra como respuesta son vacíos legales y autoridades que se echan la culpa una a la otra.
La inconstitucionalidad, en este caso, es clara. El daño al prestigio y a la campaña de la candidata ya está hecho; no deberían llevarse a cabo elecciones tramposas desde su inicio.