Ante el insalvable bloqueo legislativo, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso ha elegido, de entre todas las opciones que tenía, la de la consulta popular. Se trata de una jugada tan valiente como arriesgada, que revela finalmente cuáles son las prioridades del mandatario y su equipo, y, según su criterio, sus verdaderos adversarios.
Llama la atención la preeminencia del combate a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico —reformas en la Justicia, control de los partidos políticos, cambios fundamentales en la concepción de la fuerza pública y del sistema penitenciario—, y la transformación que se persigue tanto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como del Legislativo. El Presidente y su equipo parecen haber llegado a la conclusión de que las verdaderas amenazas a la gobernabilidad del país nacen de fuerzas criminales que han penetrado el sistema de partidos y las diferentes funciones del Estado, y que no pueden ser combatidas efectivamente bajo las reglas actuales y, en algunos casos, locales.
El pronunciamiento del pueblo soberano en la consulta tendrá una fuerza contundente, pero mal haría el Gobierno en subestimar los artificios que los autores de la Constitución de Montecristi incluyeron en esta para perpetuar el sistema, ni la habilidad para defenderse de esas mismas fuerzas a las que quiere combatir.
Ante dichas objeciones, quizás sea necesario aceptar que la reorganización que requiere el Estado es profunda y compleja, que hay que resignarse a transformaciones paulatinas y que a estas alturas ya todo, hasta lo más mínimo, suma.