Yachay y la universidad pública

Giuseppe Cabrera

La Universidad pública nos ha regalado la gran mayoría de los avances científicos del mundo, en todos los campos del conocimiento, sin la universidad pública no se hubiese logrado encontrar la vacuna frente al Covid-19 y, han sido los espacios de formación y organización de las causas sociales y la resistencia frente al recorte y los autoritarismos.

En Ecuador, no ha sido diferente el caso, Velasco Ibarra cerró la Universidad Central frente a la lucha ante sus aspiraciones dictatoriales y, durante esta pandemia han servido no solo como puntos de vacunación potentes para maximizar los resultados de la vacunación ágilmente, sino que, además, han producido alcohol, gel y reactivos para la toma de pruebas rápidas y PCR.

Ahora, Yachay Tech, sufre los ataques de quienes solo piensan como contadores en sumas y restas de gasto o ahorro y no como estadistas frente a las oportunidades y posibilidades de progreso.

Decir que Yachay ha sido un éxito y prueba del beneficio de lo público, es desmedido y exagerado, más investigación se ha producido en las escuelas politécnicas del país, que, en la universidad del conocimiento, pero, confundir el gasto y la mala administración de la empresa pública Yachay y luego Siembra EP, con la gestión educativa de la universidad, sino es desconocimiento solo puede ser mala fe.

Yachay tiene mucho por ofrecer y más que un elefante blanco, es un gigante de hierro en construcción, que ya nos ha dado estudiantes brillantes y que, con una buena administración, la inversión adecuada y una oferta académica conectada con el mercado laboral de Ecuador y su proyección puede hacer grandes cosas. Invertir en educación, nunca va a ser una mala idea. Y apostar por una universidad diseñada para la difusión científica, es algo que debía hacerse hace mucho.

Cerrar Yachay sería un desatino, lo correcto es pensar en la disolución de la empresa pública vinculada a su nombre y, dar marcos jurídicos específicos a las universidades y escuelas politécnicas, para que puedan hacer investigación y proveer bienes y servicios para darse sostenibilidad, sin tener que hacer malabares jurídicos creando innecesariamente empresas públicas y configuraciones complicadas.