El artículo 96 del Código de la Democracia describe quienes no podrán ser candidatos, el numeral 3 expresa: quienes adeuden pensiones alimenticias, entre otras. Nada se dice del historial de violencia del candidato o candidata. Violencia infringida sobre los demás miembros de la familia o su pareja. ¿Qué se puede esperar si el candidato es un insultador diario en su casa? Un maltratador, un violentador, que limpia su hoja de vida previo a las elecciones; ¿que derrocha moralidad, besos y abrazos en la campaña, cuando están debiendo no solo las pensiones alimenticias, deben el apellido a sus hijos, les han negado una paternidad responsable y han procurado derechazos y vocabulario florido a quien se les cruza en frente? En verdad, vamos a permitir que se candidaticen, normalizando la violencia. ¿Vamos a votar por ellos sin exigirles responsabilidad integral sobre sus actos? ¿Qué esperamos de estos modestos candidatos que se venden como mansas palomas? Pues no esperemos mucho, como dice el viejo refrán SER Y PARECER. Es necesario pedirles rendición de cuentas anticipada sobre su comportamiento, porque tal como son con su familia, sabremos qué administrarán de la misma manera, nuestras parroquias, ciudades y provincias.
Las propuestas deben reflejar planes concretos contra la violencia de género, deben explicarnos con claridad sobre cómo activarán los sistemas de protección de derechos en su territorio, todo que parezca acción y nada que sea intención.
Las y los candidatos deben ir más allá del populismo y los souvenirs, deben ser coherentes con el 51% de la población ecuatoriana que somos mujeres, que, sin duda, somos parte del gran peso electoral que deben conquistar; deben ser coherentes consigo mismos a la hora de plantear verdaderos retos que transformen la sociedad y no solo nos detallen cómo nos llenarán de estructuras de cemento. Sino lo hacen, al menos esperemos la noble decencia de privarnos de su presencia en las candidaturas, que no los extrañaremos.