Victoria Ramón
Dentro de las cárceles se gesta una crisis que va más allá de los muros de concreto: un capítulo en la historia de nuestro país que amenaza con desbordar las fronteras de la “corrección penal” y contaminar las fibras de la sociedad.
Las cárceles, lejos de cumplir su propósito de reforma y reinserción, se han convertido en incubadoras de delincuencia, desencadenando una ola de criminalidad que se extiende a todo un país. La sobrepoblación y el hacinamiento, sintomáticos de la deficiencia estatal, han convertido estos recintos en caldos de cultivo para la delincuencia.
La crisis carcelaria no es solo un problema confinado entre rejas; se ha expandido a las calles. La delincuencia, dentro del sistema penitenciario fracturado, transforma a ppls en expertos en crímenes y las drogas, como moneda de cambio, se han infiltrado en la vida cotidiana del país.
Ante esta encrucijada, se requiere una respuesta real. La reforma del sistema penitenciario no es simplemente una cuestión de estructuras y política; es una necesidad social urgente. La rehabilitación debe convertirse en el núcleo de las cárceles, donde la reincidencia no sea el camino.
Es hora de que el Estado asuma la responsabilidad que la historia. Las reformas sustanciales deben materializarse: programas de rehabilitación reales, inversiones en la capacitación del personal penitenciario, creación de instalaciones adecuadas y demás políticas criminales pensadas a corto y largo plazo.
El país aún tiene la oportunidad de transformar esta realidad. La verdad, la transparencia y la acción estratégica deben ser las que ponderen y la responsabilidad recae en cada uno de nosotros en apoyar estos espacios.