Hace exactamente un mes, en este mismo espacio escribía: “… las estaciones de servicio registran la matrícula de los vehículos que se abastecen de combustible en ellas y el tipo y la cantidad de combustible vendido, por lo que el Gobierno dispone de esta información que permitiría identificar aquellos vehículos de uso público o que se dedican a la actividad comercial del transporte o a la producción… con lo cual, sí sería posible que determinados surtidores mantuviesen un precio subsidiado…”
La semana anterior circuló un documento que daba razón de un proyecto para la focalización del subsidio de los combustibles y aunque no podría afirmar que se trata de un documento oficial, en esencia plantea precisamente mantener el subsidio para el transporte público y comercial, aquel que se utiliza con fines de producción, como el caso de la pesca, y se agrega : para grupos vulnerables, a base de la entrega del combustible en determinadas estaciones de servicio, a los beneficiarios directos del subsidio, plenamente identificados, en las cantidades que de acuerdo a los registros, se venden hasta la fecha.
Esta razonable propuesta tiene sin embargo dos limitaciones: la posibilidad del uso indebido del subsidio y la negativa de ciertos grupos sociales a que se lo retire.
En el primer caso, resulta indispensable el compromiso de los grupos de beneficiarios directos de colaborar con la autoridad correspondiente para el control del uso correcto de la ayuda estatal y evidentemente, de las estaciones de servicio; solamente la labor conjunta de los funcionarios de control, los despachadores del combustible y sus usuarios, permitirá evitar distorsiones que hagan fracasar la iniciativa.
En cuanto a la reacción de ciertos sectores sociales, es de esperar su consecuencia con los beneficiarios indirectos que somos todos los ecuatorianos, pues con la racionalización del subsidio tendremos más recursos para salud, educación y seguridad.