Paraíso fiscal, infierno nacional

    Giuseppe Cabrera

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    El Presidente Lasso se ve envuelto una vez más en la filtración de documentos que prueban su vinculación con paraísos fiscales, pero esto ya lo sabíamos, no es nuevo, se viene diciendo desde su segunda campaña en 2017, en la que además los ecuatorianos en consulta popular decidimos que no queremos tener funcionarios públicos que tenga dinero en paraísos fiscales.

    Primero debemos tener claro que, crear cuentas en bancos con opacidad respecto a sus cuenta ahorristas y que no hacen muchas preguntas respecto al origen de los fondos, ya es antiético y, en la mayoría de los casos ilegal. Es bastante sencillo, quienes crean empresas con iniciales extrañas que no tienen ninguna inversión o actividad empresarial y solo están creadas para mantener en reserva un capital, esconden algo.

    A veces, están escondiendo el origen de los fondos que tienen, bien porque es producto de la corrupción o de actos criminales o para ocultarlo del sistema de recaudación tributaria nacional.

    No hay otra razón para tener dinero en paraísos fiscales, más cuando eres dueño de un banco y bien podrías guardar tu dinero en tu propio banco, que no es ilegal de ninguna forma.

    Ahora, Lasso afirma ya no tener esas empresas vinculadas a su nombre según los Papeles de Pandora, de las cuales además solo reconoce 11 de las 14 empresas, ¿entonces las otras 3?, ¿es un invento del Consorcio internacional de periodistas de investigación? O simplemente le falla la memoria al Presidente, sea cual fuere el caso, son la Contraloría, el SRI y la UAFE, quienes deberían estar buscando las respuestas a las mismas.

    Finalmente, no, no se puede hacer lo que a uno le dé la gana con su dinero, primero por lo evidente, no se puede gastarlo en actividades ilícitas y segundo lo de coherencia si eres el primer servidor público del país; llevar dinero a paraísos fiscales significa robarle al Estado, desfinanciando la provisión de servicios públicos, como salud, educación y seguridad.

    Y ya como incoherencia final, ¿con qué calidad moral puedo querer grabar el patrimonio con un tributo, si gran parte del mío está deslocalizado y oculto en paraísos fiscales?