Personas que cruzan la calle por cualquier sector de la vía, que no ocupan los pasos peatonales, conductores que se estacionan en sitios prohibidos, que invaden espacios destinados para personas con discapacidad e incluso que exceden a diario los límites de velocidad, se encuentra frecuentemente en las calles de Ambato.
De acuerdo a esta realidad la cultura vial se convierte en una materia poco conocido en la ciudad, esto a pesar de que una de las responsabilidades de la Municipalidad al asumir las competencias de tránsito es la educación vial.
A esto se suma que desde el 2014 que se anunció la ejecución del contrato de concesión de los fotorradares se indicaba que el 5% de las utilidades que dejen estos dispositivos se destinarían para educación vial.
Según datos proporcionados por la Municipalidad solo hasta junio del 2021 la recaudación por fotomultas en Ambato alcanzó los 53 millones de dólares, superando incluso en más del doble de las proyecciones que se tenía para los 10 años de concesión.
Sin embargo, ni desde la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A., encargada de los fotorradares, ni desde la Dirección de Tránsito de Ambato se entregó información de cuánto es la utilidad neta y cuánto se tenía que invertir en educación vial en estos años Ambato.
En el 2017 Aracelly Calderón, concejala en la administración de Luis Amoroso, ya cuestionó la inversión realizada en educación vial, señaló que se generó una gran expectativa para educar a niños, jóvenes y adultos mayores, “pero vemos que la cifra de recaudación (de fotorradares) es importante, pero no se ha visto reflejada en educación vial”.
Calderón agregó que los programas de educación no se ve en las calles, tampoco en los establecimientos educativos, ni en las vías, “por eso he pedido un informe sobre el 5% que se debió invertir en este tema”.
CIFRA: 53 millones de dólares es la recaudación de los fotorradares hasta julio del 2021.
Criterios
Jaime Castellanos, representante de la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A., indicó que en efecto el contrato de concesión estipula que se destinará el 5% de la utilidad neta que deje los fotorradares para educación vial.
Esto hasta el 2018 donde la empresa se encargaba de destinar ese porcentaje, pero desde ese año con la renegociación del contrato la empresa destina solo el 1% mientras que la Municipalidad debe destinar el 4% para completar el 5% en educación vial.
Aseguró, además, que la empresa ha cumplido a cabalidad todos los años respecto a los proyectos que deben financiar, ya que es desde la Municipalidad a través de la Dirección de Tránsito la que tiene que plantear dichos proyectos de educación vial, aunque no reveló cifras de la inversión.
Según Castellanos se han apoyado varios proyectos de educación vial hasta el 2019, pero en el 2020 y 2021 no, esto debido a que la Dirección de Tránsito no ha presentado ningún proyecto.
Al consultar sobre este tema a la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ambato se indicó que no contaban con la información del monto invertido, pues son de años anteriores a esta administración.
Sin embargo, explicaron, a través de un comunicado, que se ha invertido de acuerdo a los porcentajes estipulados en el contrato de concesión, así por ejemplo “se vienen trabajando de manera permanente en proyectos y programas de educación vial que benefician a toda la ciudadanía y enfocados a cada uno de los usuarios viales con el objetivo de informar, educar y formar a la sociedad ambateña, por medio de las actividades de concientización como capacitaciones, charlas, show lúdicos, etc. y así reducir los accidentes de tránsito”, afirmaron en el documento entregado a Diario La Hora.
Irresponsabilidad
Marcelo Moreta es un ciudadano que tiene un almacén en el centro de Ambato y que todos los días mira como las personas no respetan ninguna normativa de tránsito.
“Los conductores se estacionan donde les da la gana, no respetan los semáforos, van a exceso de velocidad y cuando les he cuestionado su accionar salen más agresivos”, afirma Moreta.
Según este ciudadano es importante que se eduquen a las nuevas generaciones en las normas de tránsito, de lo contrario el irrespeto seguirá.
Para Martha Camacho que trabaja como docente, es necesario que las instituciones encargadas del tránsito en la ciudad desarrollen procesos educativos con los niños y jóvenes.
“No solo se debe sancionar, es muy importante sensibilizar y educar desde niños sobre la importancia de respetar las leyes, solo así se podrá evitar tantas muertes en las vías, pero en Ambato no se ven este tipo de campañas”, aseguró Camacho.
Para Vanesa Freire, jefa de Tránsito de la Policía Nacional Subzona Tungurahua, es importante el trabajo de concientización individual, ya que las causas de los accidentes de tránsito en su mayoría son debido al factor humano, tanto desde los conductores como los peatones.
“Podemos tener muchísimas señales de tránsito, podemos tener el COIP encima de los conductores con las sanciones, sin embargo, es una cuestión de concientización y de educación vial”, dijo.
Por ello desde la Policía Nacional se desarrolla la campaña ‘Yo vivo sin accidentes de tránsito’. (FCT/FC)
Ley de Tránsito exige incluir nueva materia en colegios
Más de 8 mil accidentes de tránsito se han registrado en el país en lo que va de este año. Guayas es la provincia con el mayor índice de fallecidos y siniestros.
Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito, de los 7 mil 948 siniestros de tránsito, 805 personas han fallecido. Las causas de los accidentes son la distracción a la hora de conducir, por el uso del celular u otros elementos.
El 10 de agosto entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.
En esta normativa hay varios programas que se deben cumplir, entre estos consta la preparación a los docentes de educación inicial, básica y bachillerato en el ámbito de seguridad vial y normas generales de tránsito.
La Ley de Tránsito incorpora en la malla curricular de las instituciones educativas la materia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
Esta nueva materia debe ser impartida desde la
educación inicial hasta el bachillerato, para lo que según la norma, en un plazo máximo de seis meses el Ministerio de Educación en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial deberá diseñar los contenidos curriculares para ser incluidos.