Acertadamente la Corte Constitucional ha dicho no al ingreso de cultivos y semillas transgénicos con fines de investigación, demostrando, así, que podemos hacer país con compromiso, responsabilidad y patriotismo.
Pero, primeramente, definamos que es transgénico para entender la importancia del tema en cuestión. Es un organismo genéticamente modificado, que ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética, para mejor ilustración recordemos a la famosa “oveja Dolly, nacida mediante clonación en 1997”.
El pasado 20 de enero y, después de varios años de espera, los Magistrados de la Corte Constitucional se han pronunciado al respecto declarando inconstitucional el Artículo 56 de la Ley de Semillas, Agrobiodiversidad y Agricultura Sustentable, que permitía el ingreso al país de cultivos y semillas transgénicos para uso de investigación, y, si se requería para otros fines se debía seguir el procedimiento establecido en el Artículo 401 de la Constitución del Ecuador, donde entrega a la Presidencia de la República y Asamblea Nacional las facultades para su ingreso; es decir, tenían ciertas potestades, pero no existía una especificidad para el trámite a seguir. Esto fue aprovechado por los gobiernos anteriores que al no existir una Ley y normativa, únicamente, un procedimiento especial, se aprovecharon de las circunstancias. Es más, la Ley establecía que se debía producir semillas “certificadas”, generando un problema para los agricultores, campesinos y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad, porque, como podrían demostrar y quien era el ente regulador para establecer la certificación de las semillas, afectando su derecho a la autodeterminación; es más, se desvalorizaba a las plantas, semillas y cultivos ancestrales, y el procedimiento milenario que hasta el día de hoy se ha mantenido.
Por lo tanto, debemos aplaudir este tipo de decisiones que fortalecen la democracia y soberanía del Ecuador, dejando de lado el interés de ciertos sectores egoístas y ambiciosos.