Para sorpresa de aproximadamente 5.000 propietarios de bienes inmuebles no edificados del cantón Ambato, ha llegado una sorpresa navideña no muy agradable. Producto de negligencia o falta de prolijidad en años anteriores, el Gadma ha cargado a su sistema municipal títulos de crédito provenientes del impuesto a los inmuebles no edificados, que corresponde conforme la ley, a un recargo anual sobre su valor hasta que se realice la edificación. El conflicto se deriva que dichos valores incluyen rubros desde el año 2017 hasta 2023, lo cual, en lo que corresponde a títulos del 2017 se encuentra prescritos en razón del tiempo transcurrido, eliminando la posibilidad de la Municipalidad en recaudar dichos valores.
Además de lo señalado, muchos contribuyentes cuentan con certificados recientes de no adeudar al Municipio de Ambato, situación que ha cambiado en pocos días, donde los valores mencionados han sido cargados en el sistema de forma acumulada e ¡intereses!, y han fijado a través de notificaciones, un plazo de pago de diez días so pena de iniciar procesos coactivos los cuales podrán incluir medidas cautelares de secuestro, retención o prohibición de enajenar bienes. Si bien los impuestos son obligaciones que debemos cumplir oportunamente los ciudadanos, no es menos cierto que, la Municipalidad debe cargar valores anuales según dispone la ley, pero en el presente caso, un accionar negligente ha provocado que valores se acumulen sin consentimiento del administrado violentando los principios de seguridad jurídica, en lo que contempla la previsibilidad y calculabilidad.
Esto no es un tema menor, corresponde a la Administración Municipal determinar un proceso ágil que permita acceder a facilidades de pago, eliminar intereses cuya mora se origina de un “descuido” municipal y no por voluntad ciudadana; y, resolver conforme a derecho aquellas obligaciones que se hallan prescritas bajo los principios de eficiencia y de oficiosidad u oficialidad, emitiendo una resolución que de manera masiva deje sin efecto aquellos títulos prescritos, e inmediatamente solicitar al organismo de control inicie las acciones contra quienes omitieron cumplir con lo dispone el Cootad perjudicando a la ciudad y sus ciudadanos, estos últimos quienes deberán erogar gastos para su defensa jurídica o aceptar un cobro acopiado abusivo que incluye intereses.