Andrés Ojeda Sotomayor
Los zoológicos son establecimientos con fines de lucro instaurados para la recreación humana a través de la exposición de especies silvestres y domésticas. La gestión adecuada de estos espacios implica contar con un plan de anticoncepción, prevenir su reproducción y la muerte incidental o accidental de los especímenes. La Declaración Universal de los Derechos Animales de 1978, establece que son actos incompatibles con la dignidad animal; pues merecen vivir libres, bajo las condiciones de su ambiente natural; y no ser explotados para esparcimiento del hombre. Si nos detenemos a la reflexión, son actividades obsoletas que vulneran esos principios. Expertos en comportamiento y bienestar animal sugieren que la fauna en cautiverio no tiene la capacidad de adaptación a entornos artificiales hechos por el hombre, causándoles estrés y sufrimiento. ¿Hacer reformas por la defensa animal es un desafío para la civilización y un suceso trascendental de expresión cultural?
Es apremiante generar políticas públicas que deroguen la creación de nuevos zoológicos, la exhibición, comercialización, donación u otro método de recepción de animales exóticos. La protección jurídica internacional ha conllevado a que el modelo tradicional de zoológico haga un cambio de paradigma, así países europeos y latinoamericanos ya han cumplido con la disposición de cerrar definitivamente, pasando de mantener fauna enjaulada, a crear centros de rescate-recuperación-reubicación y reinserción en reservas o hábitats naturales. El Estado y la administración público-privada son responsables de viabilizar estos procesos, canalizando fondos destinados a implementar instalaciones que permitan proteger las especies no liberables por daños físicos o conductuales, dotando de equipamiento y personal calificado; y conformando alianzas con organismos nacionales e internacionales de conservación. Citando al ecólogo Marc Bekoff: «Los animales no son propiedades ni cosas, merecen nuestra compasión, respeto, amistad y apoyo».