Si bien el Sistema Nacional de Inteligencia tiene capacidades de producción, Erik Benítez, subdirector general Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) afirmó que hay dificultades en conseguir la información.
En la Asamblea Nacional está para conocimiento del Pleno un proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, que se debate en la Comisión de Soberanía y Seguridad, presidida por Inés Alarcón, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN).
A fines de abril de 2024, los integrantes de esta Mesa Legislativa recibieron aportes de los directivos del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) para fortalecer la normativa.
Erik Benítez, subdirector general del CIES, señaló que en ese aporte se reconoce a la Inteligencia como el instrumento estratégico de anticipación de escenarios adversos. La normativa facilitará la mitigación de las amenazas y se alinea a las prácticas internacionales. Además, protegerá la vida de los encargados de las actividades de Inteligencia.
“La ley orgánica es un hecho relevante en la historia del país. Debemos entender que hoy el Ecuador está pasando por momentos muy difíciles, por lo que se necesita de nuevas normativas que apoyen para evitar amenazas contra el Estado, como la influencia de organizaciones criminales o el crimen organizado transnacional”, aconsejó Benítez.
Añadió que, si bien el Sistema Nacional de Inteligencia tiene capacidades de producción, hay dificultades en conseguir la información.
“La inteligencia es el procesamiento de la información, pero que complicado es conseguir información cuando tenemos una ley que no lo permite”, Afirmó al señalar que los agentes de Inteligencia arriesgan su vida al margen de una ley que lamentablemente no les respalda porque no diferencia la Inteligencia con la investigación.
Sobre las críticas que señalan que la Inteligencia no funciona, cuestionó: “Cómo desean que la inteligencia funcione, si no tenemos los mecanismos y las herramientas para la obtención de la información”.
Piden apoyo de la Casa Militar Presidencial
En las observaciones planteadas por el Centro de Inteligencia, para que sean incluidas en la ley, consta que la Casa Militar Presidencial (encargada de dar seguridad al Jefe de Estado), se la tome en cuenta como una entidad de apoyo del Sistema Nacional de Inteligencia. En la actualidad, dentro del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública del Estado, desde su creación en 2009, la Casa Militar ha cobrado un papel importante en el Sistema de Inteligencia, por lo que se sugiere que sea considerada como parte de los subsistemas de Inteligencia.
Información a operadoras de telecomunicaciones
Para el cumplimiento de los fines del Sistema de Inteligencia, se sugiere incorporar en la ley que los operadores del servicio de telecomunicaciones deberán suministrar, previa solicitud para el desarrollo de una actividad de Inteligencia y Contrainteligencia, el historial de comunicaciones de abonados telefónicos vinculados, sobre los que recae la actividad, y cualquier otra información que contribuya a su localización. El Sistema de Inteligencia garantizará la confidencialidad de la información y, en la solicitud que se formule a las operadoras de telecomunicaciones, se limitará la información a un periodo que no exceda los cinco años.
El papel de la Corte Nacional de Justicia
Entre las sugerencias se incluye un artículo, donde la autoridad del Sistema de Inteligencia, por razones de seguridad del Estado, solicitará de manera motivada al presidente de la Corte Nacional de Justicia la retención, intercepción, apertura, retención de comunicaciones o documentos y extracción de información, que se origine por cualquier medio. La solicitud deberá ser ingresada a los registros especiales de la Función Judicial.
La solicitud deberá ser resuelta en un plazo de 24 horas y contendrá información como el nombre de los abonados, números de teléfono, etc. De ser negativa la solicitud, en el plazo de tres días, la autoridad del Sistema de Inteligencia podrá interponer un recurso de apelación ante la Sala Penal de la CNJ. El plazo para ejecutar la interceptación no podrá ser mayor de 60 días y caducará automáticamente, y se podrá extender por 60 días en caso de requerirse.
Judicatura deberá elaborar un reglamento
En el plazo de 30 días de emitida la ley, el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Sistema Nacional de Inteligencia elaborarán un procedimiento para la interceptación de comunicaciones y extracción de información, el que será remitido al Ejecutivo para ser integrado al reglamento de la ley. (SC)
‘El país vive un momento crítico’
Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia y determinar las atribuciones y competencias para las funciones de Inteligencia y Contrainteligencia, estableciendo los fines y límites de sus actividades, la seguridad de la información, protección de los agentes y fuentes, coordinación y cooperación de los organismos, y deberes de las entidades públicas y privadas, es el principal objetivo del proyecto de Ley de Inteligencia, dijo Inés Alarcón.
La asambleísta, en su propuesta, advierte que el país vive un momento crítico frente a las distintas amenazas y riesgos que se presentan en materia de seguridad integral, exacerbados por la creciente influencia de organizaciones criminales y de crimen organizado transnacional.
Agrega que esta situación ha precipitado una crisis de seguridad de amplias dimensiones, que demanda una acción estatal prioritaria, oportuna, eficiente y urgente, y que la capacidad del Estado para fortalecer, consolidar e implementar un Sistema Nacional de Inteligencia efectivo ha sido insuficiente, evidenciando una alarmante infiltración de estos grupos dentro de la administración pública.