Brenda Valdivieso Vélez
Pérdida de certezas por un lado y aumento de la sensación de inseguridad por otro, se reflejan en todas las provincias del Ecuador. Los últimos meses han estado marcados por incertidumbre y graves sucesos de violencia: asaltos, robos, ataques con armas de fuego, desapariciones, asesinatos y femicidios. Estos actos contrarios a la ley generan una sensación constante de vulnerabilidad dentro de la población y en esta condición de indefensión de la gran mayoría de ecuatorianos/as, se encuentra el origen de la indignación, resentimiento y sensación de injusticia en la que se nutre una descalificación estatal.
Garantizar nuestra seguridad, constituye una razón de ser del Estado. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, entre las y los funcionarios encargados de esta función primordial observamos conductas antisociales que la acentúan y ponen enormes retos de eficacia y legitimidad a las instituciones. Esto, refleja ineficiencia en labores profesionales primordiales y falta de competencia para brindar confianza.
En la medida en que la percepción de inseguridad aumenta, la ausencia de legitimidad estatal crece y se expresa como una imposibilidad literal para garantizar la validez a los actos de autoridad de quienes dictan (ámbito legislativo), quienes dicen (ámbito jurisdiccional) y quienes aplican el derecho (ámbito administrativo). El poder judicial, Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado capacidades necesarias para responder eficazmente mediante acciones legítimas contra el crimen y violencia. Por el contrario, observamos hoy con dolor resultados que enfatizan y encrudecen el problema sin obtener resultados visibles que reduzcan sus niveles.
Hoy más que nunca, nadie se cansa de luchar en contra de la injusticia, violencia e impunidad.