Lindon Sanmartín Rodríguez
El próximo 14 de mayo, conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador, asumen los cargos de elección popular los prefectos, alcaldes, concejales urbanos, rurales, presidentes y vocales de juntas parroquiales. La mayoría de ellos llegaron con una aceptación del menos del 20% del padrón electoral, incluso el voto nulo y ausentismo es el triunfador en la mayoría de provincias.
La legitimidad ciudadana se refleja en la provincia y cantón Loja, las nuevas autoridades seccionales deberán reivindicar su credibilidad con acciones y dejar de un lado las ideologías partidistas, enfrentamientos personales e ingresar a una verdadera planificación de desarrollo cantonal y provincial.
El alcalde electo guarda un silencio “sepulcral”, a pesar de haber enviado una carta a la actual alcaldesa y conformar un equipo de transición administrativa, que al parecer toma el mismo mecanismo de la autoridad electa de guardar silencio de la información que están recabando y poder determinar la verdadera situación administrativa y financiera del Municipio de Loja.
Como ahora está de moda la palabra “omisión” me imagino que el alcalde electo asumió esta figura jurídica, pero sin determinar las consecuencias que podría afectar a su estabilidad personal y como autoridad. Hay temas que la ciudadanía y los periodistas queremos conocer de cómo va a actuar con el Regenerar, agua potable, asfaltado de calles, contratos de obras de última hora, estado financiero y endeudamiento municipal con organismos nacionales e internacionales, burocracia obesa, corrupción en el SIMERT, Ornato, Umapal, UCOT, tasa de seguridad ciudadana, cobro del 10 centavos de dólar por cualquier trámite administrativo, pago de jubilaciones, contratos colectivos y más información que no conoce o no la quiere receptar la nueva autoridad, ¿por qué será?
Con anterioridad hemos sugerido a las próximas autoridades municipales, enviar un oficio a la alcaldesa solicitando se remita una copia certificada de los tres últimos exámenes de auditoría practicados por la Contraloría General del Estado y las recomendaciones hechas sobre los puntos antes señalados.