Pablo Javier Villavicencio García
Es increíble empezar este artículo de opinión señalando que en los dos últimos años se contabilizan 419 muertos en las cárceles de nuestro país. Las razones detrás de esta violencia son complejas y multifacéticas, pero es más que claro que la presencia de pandillas y grupos criminales dentro de las prisiones contribuye a estos actos de violencia.
A pesar de que la población penitenciaria de Ecuador es de 39.000 personas, la capacidad de las cárceles del país es de 30.000 personas. Esto significa que las cárceles ecuatorianas están sobrepobladas y que la tasa de encarcelamiento en el país ha aumentado significativamente desde 2009, cuando se situó en 85 presos por cada 100.000 habitantes. En 2017, la tasa de encarcelamiento fue de 215 presos por cada 100.000 habitantes.
Es evidente que las condiciones de vida en prisión en Ecuador son deplorables, el sistema carece de suficientes guías penitenciarios para controlar la actividad de los presos, con un promedio de un guía por cada 25 presos en todo el país. Esta falta de control ha permitido la instauración de un sistema de mafias que extorsionan a los presos y a sus familias a cambio de seguridad, comida, medicina o un lugar donde dormir. Además, la falta de política carcelaria en el país ha llevado a un sobreencarcelamiento, especialmente de gente joven y pobre.
En este sentido, la violencia carcelaria en Ecuador es el resultado de la aplicación de un modelo de gestión carcelario que no funciona, y que convierte a las cárceles en un lugar de castigo para las minorías marginadas y, al mismo tiempo, en un espacio seguro para los delincuentes y criminales. Aunque se han implementado algunas políticas en el pasado para mejorar la situación, el gobierno ecuatoriano en los últimos años ha dado un giro hacia una política masiva de encarcelamiento y endurecimiento de penas, que no contribuye en nada a una “rehabilitación social”.