Andrés Ojeda Sotomayor
La crisis es el resultado de 15 años de un Estado azotado por los abusos de poder, en los que hasta se otorgaba personería jurídica a las pandillas juveniles. En esa línea de tiempo, este cáncer se irrigó al punto de desencadenar un conflicto armado para enfrentar el terrorismo. Por un lado, la infestación corrompe al sistema judicial que manipula los procesos, compra sentencias o deja los casos en la impunidad. Por otro lado, la plaga también carcome al sistema penitenciario, otro caldo de cultivo para prácticas corruptas. La infraestructura precaria, la sobrepoblación carcelaria, la violación de derechos humanos así como la complicidad entre guías penitenciarios y reclusos, evidencian la descomposición penitenciaria. Esto no solo impide la efectiva rehabilitación de los reos, sino que también perpetúa un ciclo vicioso que alimenta la criminalidad en lugar de corregirla.
La situación exige hacer una depuración del foco de contagio a todos los niveles estatales, mediante mecanismos de rendición de cuentas; transparencia en la asignación de recursos; selección y capacitación de funcionarios; revisión permanente de los procesos judiciales y penitenciarios; e investigación a servidores vinculados a economías ilícitas o por instigar al desorden público.
El gobierno debe promover estrategias de inteligencia y cooperación internacional para erradicar la violencia en todas sus formas. Este desafío brinda la oportunidad de mejorar la capacidad de prevención y abordar las causas profundas de estas manifestaciones. Las fuerzas del orden y la sociedad civil también deben actuar en unidad para preservar la seguridad interna. La fe en el sistema se va a restaurar cuando prevalezca la honestidad, la justicia y la rehabilitación social efectiva de los que transgreden la ley. En medio del caos, queda la esperanza de superar la adversidad con resiliencia hacia días de paz.