Victoria Ramón
Vemos con preocupación la emergencia de un gobierno paralelo, donde la línea que separa el Estado de la criminalidad se desdibuja peligrosamente. En este escenario, la corrupción se ha infiltrado hasta las altas esferas, comprometiendo la integridad del poder judicial y amenazando a nuestro Estado.
La urgencia de reconsiderar el papel del poder judicial se manifiesta en la necesidad de evitar que este se convierta en un simple «sancionador selectivo». La justicia no puede ser un instrumento al servicio de intereses particulares, sino el baluarte que garantiza la igualdad ante la ley.
Es esencial reconocer que la corrupción no solo debilita las bases de la democracia, sino que también socava la confianza de la sociedad en las instituciones que deben protegerla. Nos enfrentamos a la urgencia de reconsiderar el papel del poder judicial, evitando que se convierta en un mero «sancionador».
Pero la raíz de estos problemas va más allá de las instituciones; yace en la ética individual y colectiva que guía las acciones de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de administrar justicia. Es imperativo indicar en cómo algunos profesionales, en su afán de poder, dinero y reconocimiento, han sacrificado la esencia misma de su vocación.
Es momento de trabajar hacia un futuro donde la ética no sea una opción, sino el principio rector que guía cada decisión y acción. El desafío es grande, pero necesario si queremos ver cambios reales.