Andrés Ojeda Sotomayor
Por estos días, tuve que viajar a Quito a realizar un trámite en una entidad pública, lo cual me tomó una hora de tiempo, y que bien pudo ser despachado telemáticamente por el funcionario encargado. Creo que el Estado debe mejorar la efectividad y rapidez en la prestación de los servicios públicos. La falta de celeridad, la excesiva tramitología y los largos tiempos de espera para lograr un asunto, son un obstáculo para el desarrollo del país, generan frustración en la ciudadanía y desmotivan la inversión así como el desarrollo empresarial.
Es necesario simplificar los procedimientos, implementando sistemas de gestión más eficientes y transparentes, fomentando la digitalización de la documentación, facilitando acceso a sitios web o plataformas virtuales funcionales que permitan optimizar las diligencias. Se debería reforzar la capacitación a los servidores, favoreciendo una atención más amigable y recuperando la verdadera misión de los oficinistas, que es el servicio a la comunidad. A fin de brindar una atención más oficiosa, la administración pública debería descentralizarse a nivel nacional, reduciendo costos y tiempos asociados a la burocracia centralizada, delegando funciones y competencias a las direcciones zonales, y facultando a que los usuarios podamos efectuar los papeleos en los distritos más cercanos al lugar de residencia.
Surge la necesidad de fortalecer la supervisión y control para prevenir la corrupción y mal uso de los recursos públicos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la operatividad del servicio público, y deben ser pilares fundamentales de cualquier reforma en este ámbito. La agilización de la función pública requiere la colaboración y compromiso de todos los actores involucrados, incluyendo el gobierno, sociedad civil y el sector privado. Solo así podremos contar con mayor calidad, calidez, claridad y legitimidad en los servicios ciudadanos.