Si la politización de la justicia resulta inaceptable, la judicialización de la política también lo es. Los últimos acontecimientos políticos ocurridos en el país, han evidenciado la necesidad de encarar este problema en forma rápida y efectiva.
Nuevamente el sistema judicial ha sido objeto de escrutinio, pues se sospecha que en las decisiones de algunos jueces existiría una inocultable influencia política o, lo que sería más grave aún, una vergonzosa corrupción o ignorancia.
La existencia de dos cabezas en la Función Judicial es, a mi juicio, uno de los problemas a resolver: solamente a la Corte Nacional de Justicia le correspondería la responsabilidad de dirigir esta importantísima función del Estado; el Consejo de la Judicatura, con las amplias facultades que le han sido concedidas, es un instrumento de injerencia externa que permite precisamente la politización. La Corte, sin resignar atribuciones claves como la designación y evaluación del desempeño, bien puede contar con una dirección nacional administrativa que, bajo su autoridad, se encargue de cumplir las funciones asignadas al Consejo. Lamentablemente, esto implicaría una reforma constitucional.
No se explica cómo se atribuyó a los jueces competencias constitucionales sin discriminar sus labores ordinarias y sin atender la enorme carga laboral que soportan; deberían conocer aquellos casos relacionados con sus facultades propias y, aun así, a través de un intenso proceso de capacitación.
El funcionamiento de la Escuela de Jueces para lo que las universidades, mediante convenios, pueden contribuir eficazmente, así como una efectiva carrera judicial que contemple estabilidad y estímulos, resultan imperativos.
A las Facultades de Derecho les corresponde introducir en la formación de sus egresados, elementos básicos como la ética profesional y la formación en valores, no como una asignatura más, sino como un eje transversal.
He ahí unas pocas sugerencias puntuales que contribuirían en el corto plazo, a rescatar la majestad de la justicia.