Iván Paredes
La falta de seguridad y el aumento desbordante de la delincuencia hicieron que el actual Presidente del Ecuador tomase una decisión fuerte, drástica, pero sobre todo consecuente con la realidad, esto es, decretar Estado de Excepción por 60 días a nivel nacional por conmoción interna (Decreto Ejecutivo No. 110, del 9 de enero del 2024) y, no es para menos, cuando se estaba perdiendo el orden constitucional y la democracia siendo amenazada por organizaciones y mafias delictivas enquistadas en la política, en el aparato estatal que han buscado, únicamente, adueñarse de la nación y controlar a su antojo nuestra forma de vida, futuro y progreso que, por derecho natural le corresponde al ser humano.
Salió a la luz las innumerables fechorías sin importarles, siquiera, la vida como fundamento primordial, el alto riesgo al que todos estamos sumidos. Tal decisión fue necesaria, misma que en su momento todos los ecuatorianos honestos aplaudimos y aceptamos el combate radical a la delincuencia, pero ciertas personas y autoridades regionales, haciendo caso omiso han realizado y autorizado programas y eventos públicos poniendo en peligro la seguridad de sus conciudadanos.
A pesar que en ciertas regiones este mal social ha sido de menor escala, no debemos hacernos de la vista gorda con las ciudades que han sufrido, y siguen sufriendo esta degeneración social, por ello, debemos ser empáticos, acatar las disposiciones presidenciales y comprender que el peligro, aún sigue latente, que el riesgo de las FF. AA. por proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad debe ser considerado, a sabiendas que nos afecta a todos; no es menos cierto que, primeramente, esta la vida y tranquilidad, para luego, realizar eventos y festividades, esto, debe ser entendido por ciertos empresarios que priorizan su dinero y económica como un único fin.
Esperemos que el Decreto Ejecutivo No. 135, donde faculta a las intendencias la autorización para eventos públicos, no altere la lucha contra las mafias y organizaciones terroristas.