El Ecuador vive bajo inseguridad jurídica; la actuación de los jueces, fuera del marco de la ley y de la constitución, han creado las condiciones para que dentro y fuera del país, la sociedad se sienta insegura y amenazada, por las consecuencias de fallos y sentencias de los jueces corruptos. Lamentamos tener que decirlo, pero es la única forma que las autoridades competentes, como la Asamblea Nacional y el Presidente de la República, puedan enterarse, y tomar acciones concretas, para llevar a realizar una reestructuración de esta importante función del estado, que finalmente garantizarle a los ciudadanos e inversionistas, las garantías suficientes, imperativas y necesarias, para, brindar el equilibrio que toda sociedad demanda, para producir y desarrollarse en paz y equilibradamente.
Señalamos este hecho inocultable, por cuanto, se refleja en las calles, en los barrios, como han crecido exponencialmente los delincuentes, de toda especialidad, roban y asaltan en motos, en carros, con armas blancas, con armas de fuego; durante el día y la noche; sigue la corrupción en la mayoría de las instituciones del Estado; los inversionistas que se animan a venir, tienen que pagar coimas para la tramitología de permisos, como ejemplo el caso del affaire hecho por los concejales del ex alcalde de la revolución ciudadana, que se repartieron ilegalmente los dineros pagados por concepto de tasas e impuestos, sin que hasta la presente fecha, ni Contraloría ni Fiscalía ejecute efectivamente las acciones para recuperar estos dineros, y castigar a los bellacos.
También, hay acciones de parte de algunos alcaldes, que de manera abusiva, afectan la seguridad jurídica, y vulneran los derechos humanos, como los denunciados por ciudadanos del cantón Atacames; que aún habiendo ganado juicios de Amparo Constitucional, han sido abusados en sus derechos, quitándoles precisamente el derecho sagrado al trabajo, y soslayando sentencias de la Corte Constitucional, que son de último ratio. La Judicatura, debe actuar, para sancionar a jueces corruptos, que no hacen cumplir la ley, como el caso de una juez de lo civil, que se niega a brindarle las garantías a ciudadanos afectados.