La sociedad calla de lo que no puede ocuparse o inexplicablemente no encuentra respuestas que no se resuelven desde la moral o mucho menos con poca información. La sociedad y el Estado en su conjunto saben que uno de los desafíos más importantes de la política pública en salud es prevenir y reducir el embarazo adolescente.
En Ecuador las niñas madres suman cada día en los hospitales públicos o privados, siendo el país, el primero en prevalencia en la región, y el segundo después de Venezuela en América Latina, de acuerdo a la Fundación De Waal en el 2021 se registraron 550 embarazos en niñas entre 10 y 14 años, y 11 139 embarazos en tres cantones de Guayas entre 15 y 19 años.
Las cifras no callan, el sistema de salud atendió a casi a 500 jóvenes (hombres y mujeres) víctimas de violencia sexual y cada año se registran en Ecuador alrededor de 1.600 embarazos adolescentes, suman las adolescentes con VIH.
El Estado tiene desfinanciada o al menos no es lo que se espera de la estrategia denominada Pipena (Política intersectorial prevención del embarazo en niñas y adolescentes), que busca de manera interseccional e interinstitucional mitigar la grave situación de las niñas que interrumpen sus proyectos de vida para iniciar con una maternidad temprana. Por otro lado, no es posible seguir llamando embarazo adolescente a la gestación en niñas, cuando lo que está presente en sus vidas es la tortura de la violación.
Ante estas condiciones la sociedad calla y el Estado no prioriza la política pública que le dé a las niñas y jóvenes oportunidades para su proyecto de vida. La relatoría de las Naciones Unidas en estos temas recomienda hablar desde el Estado y la familia para que la información fluya. Dejar el tabú, promover los derechos sexuales y reproductivos como parte de las currículas educativas y formalizar espacios de diálogo, sancionar la violencia contra las mujeres de manera oportuna, sin impunidad y promoviendo sentencias que incluyan la calidad de vida y la promoción de un entorno saludable.