Sin importar que la decisión sea favorable o no, debe ser respetada por todos los actores políticos, no necesita legitimación de ningún tipo para aceptarse, porque su legitimidad se origina en la facultad que le ha otorgado la Constitución, como corte de cortes, de última instancia y decisión de cierre. Dicho esto, creo que la figura permite argumentar a ambos lados, tanto para su admisibilidad, como para negarlo.
Mi posición personal, es que hay mérito suficiente para el inicio de un juicio político, por un lado, la responsabilidad política se juzga por la delegación o designación de quien ha cometido los actos de corrupción y, en este caso, la evidencia demuestra, que Guillermo Lasso, no solo conocía a Hernán Luque, sino que además fue advertido por la Policía Nacional, como por el incumplimiento de una recomendación de la Contraloría y aun así, mantuvo en el cargo a Luque, la influencia que además tuvo Danilo Carrera, raya la ética pública, ya que ninguna persona que no sea funcionario público y por tanto, sujeto de control, debería tener tanto poder sobre las decisiones del ejecutivo, como designación de ministros o incluso ascensos en la policía, como prueban las reuniones del General Araus, esto, no significa que Lasso haya cometido peculado o cohecho y además, será dentro del juicio en la Asamblea que se probará si sabía o no de esas actuaciones al margen de la ley, por otro lado, cualquier Corte, debería tener poca injerencia en estos asuntos y por respeto a la institucionalidad del legislativo, dar paso a que estos problemas se resuelvan políticamente.
Ahora, entre lo que creo que se debe hacer y lo pasará hay una gran distancia y, la realidad es que la política también definirá eso, pudiendo encontrar argumentos para desechar el pedido de juicio, en función a la configuración de fuerzas más conservadoras y positivistas del derecho o más progresistas y del constitucionalismo democrático. Conseguir seis de nueve votos para admitir el pedido de juicio político, no será una tarea fácil y, dependerá más de la coyuntura política, que, de un análisis riguroso del derecho, más allá de lo que quieran creer algunos.