El fotorradar del terror

    Rocío Silva

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    Muchas personas van llegando a una casa residencial en el exclusivo sector de Miraflores de Ambato, en su portón se ha colocado con cinta adhesiva un papel que indica el horario de atención para la entrega de constancias de las multas del “fotorradar del terror”, ubicado en la avenida Bolivariana. Se atraviesa un jardín por un corredor hasta llegar a una disposición con un pasillo y una salita de estar y un espacio posterior, donde están dos grandes impresoras sobre escritorios pequeños.

    Con una vidrio de por medio, una mujer solicita información y registra en una libreta el número de cédula  de un grupo de consultantes, hasta tanto, las personas comentan que han sido notificadas por teléfono, que recibieron correos electrónicos, que no viven en Ambato, que no entienden porqué reciben notificaciones de 2019 y 2020, que el fotorradar está en una vía periférica y pendiente, que está mal calibrado, que hay un litigio entre el Municipio de Ambato y la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S. A., que está por concluir los convenios de esta empresa con algunas municipalidades, y que por eso están desesperados tratando de cobrar, que el 51% de los 62 millones de dólares que se prevé cobrar irá a la empresa concesionaria y el 49% al Municipio, etc. etc.

    En las últimas semanas ha sido un tema recurrente en los periódicos y noticieros esta avalancha de multas por el fotorradar, resulta muy frustrante saber que el usuario está en total indefensión, ante los abusos de poder a los que está sometido por decisiones políticas,  tomadas en el 2015, sin que se haya justificado de forma técnica la necesidad de concesionar el control vehicular, así como tampoco, se ha dado solución a las fallas de orden técnico en ubicación, calibración,  sensibilidad. El costo social a largo alcance no fue calculado, parece que primó el cálculo económico familiar en la administración municipal de entonces. Ante esta situación se ha establecido un protocolo que permite impugnar las multas por estar prescritas, pero con la firma de un abogado, que dicho sea de paso, abre la posibilidad de otro tipo de abusos. Es una olla de presión puesta a fuego alto.