En los últimos meses, la economía no ha progresado debido a que los desafíos estructurales se han visto agravados por el aumento en la inseguridad provocada por el crimen organizado y la incertidumbre política. Ante esta espiral de violencia, las autoridades, lideradas por nuestro Presidente Daniel Noboa, han respondido con firmeza. Se ha declarado un estado de emergencia, movilizando al ejército y designando a bandas de narcotraficantes como grupos terroristas. Estas medidas radicales reflejan la seriedad con la que el gobierno está enfrentando el desafío planteado por el crimen organizado y el narcotráfico.
El incremento del poder del narcotráfico es alarmante en nuestro país. En estos últimos dos años, el país ha sido denominado como una industria del narcotráfico que cada vez toma más poder, con carteles internacionales elaborados por bandas locales. Esto ha desatado una ola de violencia sin igual en la historia reciente del país, generando tasas de homicidios a niveles récord. Este incremento no solo refleja la intensificación de la violencia en las calles, sino también un cambio profundo en el panorama del crimen organizado y su impacto en la sociedad ecuatoriana.
Esta escalada de violencia ha cobrado la vida de varios políticos y candidatos de alto perfil, como Fernando Villavicencio, conocido por su firme postura contra la corrupción y el crimen organizado. Además, desde hace tres años, las prisiones en el Ecuador se han convertido en escenarios de enfrentamientos mortales entre bandas rivales. Estos incidentes subrayan la gravedad de la situación en el sistema penitenciario, que estaba bajo el control de las mismas organizaciones criminales que el actual Gobierno está combatiendo.
De este modo, las medidas adoptadas por nuestro Presidente plantean desafíos significativos. Por un lado, existe la necesidad de controlar la violencia y el desorden. Por otro lado, es fundamental garantizar que las respuestas no vulneren los derechos humanos o conduzcan a un estado autoritario. Daniel Noboa tiene como desafío sentar las bases para un diálogo que permita impulsar un desarrollo más inclusivo, sostenible y resiliente.
El país necesita liberar su inmenso potencial de crecimiento para generar más y mejores oportunidades laborales para su población y, así, retomar la reducción de la pobreza. Esto requiere construir consenso político para abordar las barreras estructurales que obstaculizan la creación de empleos formales, el aumento de la inversión privada y la diversificación de las exportaciones.