El 13 de enero se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, baja autoestima, trastornos de sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Estas son algunas de las alertas que puede mostrar una persona que sufre de depresión. Según este organismo, actualmente se calcula alrededor de 300 millones de personas que la padecen a nivel mundial y para el 2024 será la segunda causa de discapacidad.
Ahora, una de las consecuencias más graves de la depresión es la aparición de ideas de suicidio que, de no atenderse oportunamente, puede ser mortal. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, América registra anualmente unas 98 mil muertes por suicidio, siendo que el 79% ocurre en hombres, y se constituye en la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años de edad, mientras que las personas de 45 a 59 años de edad tienen la tasa de suicidio más alta de la región, seguidas por las de 70 años o más.
Cifras alarmantes que no son ajenas a la realidad de nuestro país donde la tasa de suicidios es de 6,9 por cada 100 mil personas, en su mayoría hombres, representando el 1,7% de las muertes que ocurren anualmente. Especial preocupación merece el suicidio en niños y niñas de 10 a 14 años que ha incrementado en 322% (niñas) y a 480% (niños) entre los años 1990 y 2017, convirtiéndose Ecuador en uno de los 10 países con las tasas más altas de suicidio en este grupo etario. Sin duda la salud mental debe ser considerada como parte del sistema de salud y la atención psicológica debe ser una responsabilidad primordial del Estado, garantizando su acceso de calidad; sin embargo la realidad es distinta ya que incluso los profesionales en psicología son excluidos del sistema de salud.
La depresión y el consecuente suicidio es un enemigo silencioso que lamentablemente nos está ganando la batalla ya que su atención no está considerada como prioritaria dentro de las políticas públicas de salud.