En la situación que atraviesa el país, no hay tiempo para hacer consultas de ningún tipo, ni estructurales, ni coyunturales, salvo la que ya está aprobada por la Corte Constitucional, mediante Dictamen 7-19-RC-19; porque es la más completa, además, la Corte se demora mínimo 4 meses en analizar y aprobar.
Cuando la propuesta surge de la iniciativa ciudadana, se debe recoger firmas, otros 5 meses. Esas firmas se someten a verificación por parte del CNE, 2 meses adicionales. Finalmente va a la Asamblea, que tiene que aprobarla en dos debates, otros 3 meses. Total 14 meses, con la Corte anterior, integrada por prestigiosos juristas conocedores de la materia. Usualmente la Asamblea niega las propuestas de reforma constitucional, de iniciativa ciudadana. Le sucedió al Comité por la Institucionalización Democrática, integrado por la Dra. Rosalía Arteaga, expresidente de la República.
También les rechazaron la propuesta de reforma constitucional, al Movimiento Ahora. Nosotros, el colectivo de Santo Domingo, que dirijo, no agotamos el trámite, porque es inoficioso, logramos el Dictamen 7-19-RC-19, como un insumo de efecto jurídico y con él, procuramos que sea el presidente de la República el que disponga, de su iniciativa -aprovechando las normas hiperpresidencialistas vigentes-, la Consulta Popular con las preguntas aprobadas, porque a él no le exigen ningún requisito, para hacer la Consulta Popular de iniciativa presidencial.
No nos interesa quien hace la Consulta: nosotros o el presidente de la República; sino, lograr el beneficio general, del modo más expedito y eficaz posible.
En el 2020 hicimos la gestión con Moreno, era año electoral, había realizado su Consulta, no le interesó. Ahora hacemos la gestión con el actual mandatario. Aspiramos a que entienda que su mandato es la última oportunidad que tiene Ecuador, para salir del Estado totalitario, instaurado en la Constituyente 2008, y actúe en consecuencia.