Orlando Amores Terán
Con la instauración del narco-Estado, se mantuvo sometido al territorio ecuatoriano a la vigilancia de los servicios secretos de Cuba y Venezuela, a través de infiltrados del G2cubano.
Para lo cual, previamente, el 2008, el innombrable, desmanteló el Servicio Secreto perteneciente al CCFFAA, entregando archivos, a la SENAIN, para perseguir a la disidencia.
El 2009, eliminó la Unidad de Investigaciones especiales UIES; también suprimió el Grupo de Apoyo Operacional GAO, entrenado por especialistas de Israel, EEUU y Francia, desmontando las operaciones de seguridad y orden público dentro del territorio.
En el 2010, desarmó los sistemas de Inteligencia Militar del Ejército, Marina y Aviación, desarticulando la defensa de la integridad territorial, la soberanía, independencia y garantía del ordenamiento jurídico del Estado.
En el 2011, prohibió el porte de armas a la población civil.
En el 2012, diseñó a través del COIP, leyes para proteger a los delincuentes, siendo beneficiados el crimen organizado y el narcotráfico.
Es inobjetable que la Carta chávez del 2008 instauró inseguridad social y jurídica; sometió a la población, a leyes diseñadas para favorecer el delito, proteger a los criminales, anteponiendo los DDHH de delincuentes, terroristas, al interés general de la sociedad ecuatoriana; desarmó a la población civil, manteniéndola inerme, sujeta a la voluntad de asesinos, asaltantes, extorsionadores; anuló la legítima reacción de la fuerza pública ante el hampa; propició corrupción generalizada; abusó de bienes públicos; provocó injusticia, fraude electoral e impunidad.
Fácil es presumir que las fuerzas subversivas en Ecuador, actúan como agentes de Cuba y Venezuela, para someter nuestro territorio a la vigilancia del narco-terrorismo internacional, a través de la legislación «constitucional» concebida por ellos.