El último incidente en una cárcel del país tuvo lugar el pasado 12 de noviembre. Así, ya son cuatro las masacres que tuvieron lugar en el presente año. Las respuestas que brinda el gobierno solo se basan en culpar a anteriores mandatarios, y a otras instituciones dentro de su mismo gobierno.
Entre las últimas soluciones que ha presentado el gobierno, se encuentran la creación de un “nuevo delito” para que los jefes de la mafia no puedan eludir sus responsabilidades penales, desconociendo que ya existe esta figura en el artículo 42 en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). O solicitando que se permita la intervención de la fuerza pública en las cárceles; nuevamente, sin desconocer que en el artículo 720 del COIP ya se permite esto.
Frente a estas falsas soluciones, el gobierno parece desconocer, de forma deliberada, el impacto que ha tenido en la crisis carcelaria la eliminación del Ministerio de Justicia, el ente rector de los centros de rehabilitación, en el año 2018. En este mismo año la cifra de reos asesinados aumentó a 15; un año posterior, en 2019, a 32; en el año 2020, a 52; y en el presente año, aún sin finalizar, a 324. Con este hecho, en una entrevista realizada por este mismo diario al Director General de Prevención y Reinserción Social de la Ciudad de México, en dónde están los carteles más peligrosos del mundo, afirma que cuando el Estado deja de hacer su trabajo se produce un autogobierno por parte de los líderes de las bandas.
Ojalá exista la misma predisposición por parte del gobierno para atender la crisis carcelaria, y toda crisis, como con los procesos de privatización. Recientemente, emitió el Decreto Ejecutivo 238 para la privatización del sector eléctrico en un lapso de tres meses. La acción del gobierno, así, ha pasado a ser solo una cuestión de intereses.