En Ecuador, hay un Estado concentrador de poder en la Función Ejecutiva, que le permite disponer de la Función Electoral (Art.104 inciso segundo); le otorga derecho a interferir en la Función Legislativa, al colegislar (Art.147.11.15); le transfiere la atribución de designar: Procurador, Contralor, Superintendentes, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, a través de delegados de cada Función estatal y organizaciones sociales, «calificadas» por el órgano ejecutor de su política, el CPCCS.
Éste «andamiaje constitucional» propicia el sometimiento de la población a leyes diseñadas para favorecer el delito y proteger criminales, ello comporta la construcción del narco-Estado, porque la legislación está orientada a beneficiar el delito en general, al establecer que menos de 200 dólares, no es robo; al poner a disposición de los maleantes, defensores públicos y «Defensoría del Pueblo»; al desarmar a la población civil, dejándola indefensa, a merced del hampa, mientras permite que delincuentes se tomen espacios públicos, políticos e infiltren la fuerza pública; al impedir que exhiban los rostros de los crápulas.
Toda esta armazón, beneficia el negocio de drogas, que es la actividad más rentable del crimen. La situación actual de inseguridad social y jurídica es provocada por la estructura «pro crimen» del narco-Estado vigente desde 2008. Al no existir delimitación de las funciones de Estado, al constatar que la Carta Montecristi permite la intromisión de una Función en otras, no existe Constitución, por un criterio de doctrina básico que está vigente desde 1789, en el Art.16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al no existir Constitución, no existe Estado; ergo, en Ecuador, desde el 2008, no hay un Estado débil, ni un Estado fallido; son categorizaciones eufemísticas que impiden encontrar la adecuada solución a la realidad nacional, que se desarrolla dentro de los parámetros del narco-Estado.