Andrés Ojeda Sotomayor
Mediante referéndum, Ecuador puso fin a la extracción petrolera en el Parque Yasuní. A mi entender, el sector petrolero ha sido uno de los principales contaminantes, por cuanto deberá asumir el cierre definitivo del Bloque 43 ITT, aunque suponga costos económicos relevantes. El cese de operaciones exige un plan técnico aprobado por la Autoridad Ambiental, tomando en cuenta los perjuicios socioambientales, medidas de mitigación para el sellado de pozos, limpieza de derrames, desmantelación y desalojo de infraestructura; monitoreos de la contaminación; apoyo a las comunidades que dependían de la actividad o que se vieron involucradas en conflictos y desplazamiento; incluyendo la reinserción laboral a los trabajadores afectados. Es responsabilidad de las empresas petroleras asumir las consecuencias de sus acciones, y dar un giro más sostenible a sus labores.
Creo que esta transición no debe interpretarse como una medida contra la industria petrolera, ya que la producción de crudo no ha sido eliminada radicalmente; más bien, estará orientada a buscar un equilibrio entre la necesidades energéticas y la protección medioambiental. La regulación gubernamental efectiva debe garantizar que las compañías petroleras cumplan sus obligaciones ambientales y sociales; las sanciones y multas deben ser proporcionales al daño causado, y estarán sujetas a los mecanismos de seguimiento, control y cumplimiento de la normativa ambiental.
Las restricciones sobre las emisiones de carbono dependerán que el Estado formule proyectos de ley relativos a las energías renovables, así como de la investigación, desarrollo e inversión de tecnologías limpias; dando los primeros pasos hacia la construcción colectiva de un futuro más justo y equitativo para todos. En lugar de poner resistencia, nos toca adoptar cambios positivos para reducir no solo la dependencia de combustibles fósiles, sino también para palear los riesgos inminentes del calentamiento global y cambio climático.