Habiendo pasado por siete presidentes en 10 años, las respuestas anti institucionales siempre son un escenario posible y, pensar en la salida anticipada del Lasso no parece tan disparatado, aunque sí, premeditado.
A este día, no se encuentren las condiciones necesarias para pensar en la caída de Lasso. Por un lado, una Constitución rígida e hiperpresidencialista, como la que tenemos actualmente, ha reglado muy estrechamente las competencias del legislativo y, la Asamblea no tiene las herramientas que tenía el Congreso, empezando porque las causales para el enjuiciamiento político o destitución con taxativas y, dan poco margen a la pérdida del voto de confianza, que es algo fundamental en las democracias representativas, que nuestra híper legalista constitución no previó, esto, sumado a que algunas de las causales requieren calificación previa de la Corte Constitucional, le pone ciertas cortapisas a la capacidad de reacción del legislativo, que siempre será más lenta, frente a la firma de un decreto ejecutivo para declarar la muerte cruzada, que se pueda dar en minutos. Lo segundo, es que, los partidos políticos no están en condiciones de enfrentar una elección y, perder su curul sería muy arriesgado, en un nuevo proceso que podría dejarles sin representación, el partido social cristiano ha perdido Guayaquil y, las fracturas internas han provocado la salida de varias de sus figuras, dejando un futuro poco claro, respecto a quién será el reemplazo de Nebot, una vez que, Cinthya no ha dado la altura, por otro lado, la Izquierda democrática, mantiene sus disputas internas, entre quienes apoyan al bloque legislativo y, quienes buscan el retorno de Hervas, los únicos actores que podrían jugársela es Pachakutik y la revolución ciudadana, para los primeros, las movilizaciones les ha colocado como la segunda fuerza política del país, lo que se ha visto reafirmado con las elecciones seccionales, pero, el correísmo, tal vez no se vea beneficiado de unas elecciones anticipadas para completar menos de la mitad del periodo, faltando un año y medio para inscribir las candidaturas presidenciales y, buscar su retorno, asegurando una presidencia de cuatro años.