La alcaldía de conciertos

Giuseppe Cabrera

Con bombos y platillos se anuncia la venida, por quién sabe qué enésima vez de Romero Santos a Ambato, un evento que tal vez al sector privado le pueda interesar, aunque sin datos claros de qué tanto pueda atraer el turismo local de las ciudades vecinas, estas son las señas particulares que una ciudad cosmopolita no tendrían sentido, pues vendría a ser un evento más, porque no es que viene la sede de ONU Hábitat, sino un artista a hacer lo que hacen con regularidad, brindar conciertos.

Que se entienda claro, todo bien con que venga, ojalá sus fanáticos disfruten el concierto, pero elevar dicho evento a un asunto de interés público local, habla de una visión cortoplacista y poco alcance sobre lo que significa administrar una ciudad. Durante el año pasado, alcaldes y prefectos de todo el país, votaron la plata de la gestión pública por la ventana, trayendo en feriados y carnavales a las carteleras más grandes de artistas, con el único propósito de brindar pan y circo para el pueblo, la mayoría de ellos fueron castigados con derrotas electorales que no les aseguraron su reelección. La gente, no come cuento y, no se dejará cegar por un concierto, son los servicios básicos, como el agua, el asfaltado público, un inexistente plan de movilidad sostenible lo que demandan los ambateños y, con las mismas ganas que cantaron y bailaron la bachata de Romeo, irán a votar en contra de la autoridad local que no solucione sus problemas cotidianos.

El municipio camina sin rumbo, contentando a los concejales y al movimiento político que auspició la candidatura de Caiza, pero la luna de miel puede acabar pronto y, es urgente que se aproveche la mayoría para debatir temas urgentes, como la misma regularización de la tarifa del transporte público, que de forma tramposa se interpuso una acción de protección irrisoria por parte de un grupo de transportistas.

Me preocupa la visión privada y desenfocada del interés público en la administración actual, mantener separadas las esferas pública y privada y, entender los límites legales y las relaciones virtuosas de su cooperación es fundamental para una administración con ética pública y que atienda al interés general.