Pablo Granja
El Parque Nacional Yasuní tiene una extensión de 10.000 hectáreas, que albergan 100 familias de aborígenes ‘no contactados’, 121 especies de reptiles, 150 especies de anfibios, 204 de mamíferos, 610 de aves, y 3.000 de flora. 100 – de las 10.000 hectáreas – integran el bloque 43, también llamado ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini). En 1989 fue declarada como reserva de la biósfera por la UNESCO. La autorización de explotar en el Yasuní data del 2013, aunque las operaciones se inician en el 2016; desde entonces han habido varios intentos por impedir la actividad. Petroecuador sostiene que “previo al inicio de actividades… participa un equipo multidisciplinario (biólogos, ambientalistas, constructores, técnicos) para identificar áreas biológicamente sensibles, comederos, bebederos, áreas de anidación, corredores ecológicos, árboles de importancia. Una vez identificados son conservados”. El colectivo ambientalista Yasunidos demandó ante la Corte Constitucional para que se realice un referendo que se efectuará con las elecciones generales del 20 de agosto.
En días pasados la Asociación Nacional de Empresarios ANDE organizó el conversatorio ‘Yasuní – ITT: ¿Qué le conviene al Ecuador?’, en el que participaron dos destacadas personalidades con visiones contrapuesta: el Dr. Carlos Larrea, con una muy sustentada formación académica y experiencia profesional; y, el Dr. René Ortiz, ex secretario general de la OPEP, ex ministro de Estado y experto en la industria petrolera.
La presentación del Dr. Larrea se puede resumir en los siguientes puntos: es imperativo defender un sitio con una biodiversidad única en el planeta, donde hay más especies animales y vegetales que en todos los Estados Unidos y el Canadá juntos. El beneficio que reciben las comunidades de la zona protegida es mínimo comparadas con otros sectores de la Amazonía. Ante el agotamiento del petróleo, es necesario implementar otras formas de desarrollo que sean armónicas con la Naturaleza como el ecoturismo. En el año 2027 podríamos revertir nuestra condición de exportadores para convertirnos en importadores debido al agotamiento de las reservas. El beneficio real entre los ingresos por exportaciones de petróleo y la importación de derivados es de apenas el 7%. La pérdida no es de US$ 1.200 millones, como se sostiene; al Estado le ingresan US$ 275 millones por la operación del Yasuní.
El Dr. René Ortiz por su parte, defendió la explotación, resumida en los siguientes puntos: en el Yasuní se viene trabajando desde hace 29 años. Los ingresos son necesarios y se debe planificar el futuro atendiendo el cuidado ambiental, la responsabilidad social y la viabilidad económica. En el campo Yasuní, la intervención dentro de las 100 hectáreas es de apenas el 0.01%, superficie que es resguardada; abandonar las instalaciones la expone a la tala abierta e incursión de la minería ilegal. Las comunidades están divididas respecto de la continuación de las operaciones petroleras. Es una operación que está en marcha, interrumpirla traería consecuencias a las mismas comunidades que viven de las actividades de esta operación y que se benefician de los servicios generales que se les brinda. El costo de desmantelar la operación de manera intempestiva sería muy alto. Existe tecnología para la producción de crudos pesados.
El debate está abierto y debe continuar, porque hay otros aspectos que deben ser agregados a la discusión para que los votantes acudamos con más convicción que emoción a las urnas. No obstante, luce difícil que ocurra un sano discernimiento ya que nuestro juicio corre el riesgo de contaminarse con el discurso del candidato presidencial de nuestra preferencia.