Wellington Toapanta
El populismo, la manipulación de la conciencia ciudadana, estaría rebasando estructuras políticas, transitando hacia la ‘academia’ encargada de perfilar preguntas para el debate de los aspirantes presidenciales finalistas.
Una ‘académica’ ha dicho que “los ciudadanos no quieren (saber) el qué, sino el cómo lo van hacer, cómo van a solucionar las preocupaciones” de la población, respuestas que derivarían de los ejes temáticos: economía, seguridad, social y política, lo que induce a pensar que el Ecuador no está por elegir presidente sino un dictador.
El Art. 147.3, de la Constitución, determina que atribución y deber del presidente es “definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva”, pese al sofisma del Art. 141 que lo ubica como “jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública”. Pese a ser el representante legal de la República del Ecuador, tiene relativa incidencia en las funciones Legislativa, Judicial, de Transparencia y Control Social y Electoral, que tienen competencias específicas y jefes o presidentes respectivos.
Por ello, si los debatientes son sinceros, el domingo expresarán qué soluciones nacionales serían posibles si, desde sus ámbitos, las otras funciones del Estado se suman a tangibles propósitos de bienestar para el Ecuador. Es anhelo nacional que la administración pública establezca y trabaje sobre la base de políticas de Estado, no con agendas dispersas.
Quien gobierne estará revestido de alarmantes pronósticos, que pueden ser superados si prevalece el interés nacional, pese al recurrente ambiente electoral que envolverán los siguientes 18 meses.
¿Soluciones? Una, probablemente controversial, pero inaplazable: desarticular la Constitución vigente, evitando nuevos trámites engorrosos en la, defectuosa, Corte Constitucional. Quien logre la facultad presidencial deberá ordenar, inmediatamente, al Consejo Nacional Electoral la urgente consulta popular sobre el dictamen Nro. 7-19-RC-19, emitido por la Corte de 2019, que contiene preguntas que eliminan las funciones e instituciones que torpedean la seguridad, la gobernabilidad, los anhelos de enrumbar progreso y bienestar en el Ecuador.