Wellington Toapanta
Se generaliza que dignatarios y funcionarios, en el sector público, exhiban hojas de vida con certificaciones en gobernabilidad y gobernanza, pero sus prácticas generas dudas por omisiones de transparencia al gestionar instituciones del Estado.
Gobernabilidad constituye equilibrio en el ejercicio del poder político, procesando las demandas sociales y responderlas en forma oportuna, mientras gobernanza evidencia capacidad del Estado para asumir con eficiencia y responsabilidad la gestión pública, todo sobre la base de legalidad.
Sobre ciertos dignatarios y funcionarios judiciales, electorales, legislativos, ejecutivos, etc., existe sospecha pública, porque no disimulan actuar con normatividad rebelada, hostigada desobedecida, opuesta a gobernabilidad y gobernanza.
Así, el 23 de noviembre, el Ecuador y la comunidad internacional fueron privados de conocer “los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará…” el gobernante, prescritos en el Art. 147.2 de la Constitución, a la que juró cumplir.
Luego fue desobedecido el Art. 146 que faculta a presidente y vicepresidente ausentarse del país solo por razones especiales, tres meses, incluyendo licencia legislativa. La dignataria vicepresidente fue mutada a funcionaria de libre remoción, colisión que aún no tiene repuestas administrativas ni legales de los ministerios de trabajo y de relaciones exteriores. ¿Gobernabilidad y gobernanza trizadas; los títulos solo son triviales?
También enarbolan títulos en la Asamblea Nacional, donde no se disimula vapulear la normatividad, la gobernabilidad y la gobernanza. La mayoría del Consejo de Administración Legislativa enturbió la Ley Orgánica institucional al calificar el juicio político contra la fiscal general sin taxativa acusación, mientras la Comisión de Fiscalización hizo malabares para intentar acortar tiempos para satisfacer su obsesión.
En el pleno parlamentario la coalición de ‘gobernabilidad’ parece estar empeñada en convertir al proyecto de ‘Ley de Eficiencia Económica’ en eficiente e ilimitada para los morosos del fisco nacional.
En la lectura del proyecto la coalición desbordó generosidad con indeterminados deudores que desde hace tiempo afectan a la escuálida caja fiscal. ¿Pretenden establecer una cultura tributaria de transgresión a la normatividad?
¿Cimientes de desencuentros con la gobernanza y la gobernabilidad? ¿Empeño para que la normatividad rebelada sea rutina? Alertas.