Wellington Toapanta
Escalan tormentos por sistemáticos bloqueos a inversiones, generación de empleo, a impulsos estratégicos contra la inseguridad en el Ecuador. Generan desánimos. Se lee que hay “Derrota ante las mafias”, que “el presidente de la República parece impávido y maniatado por las mafias que desangran al país por la corrupción, la criminalidad y la violencia extrema”.
¿Sólo el Ejecutivo?, ¿y Participación Ciudadana?, ¿y la justicia?, ¿y la Función Electoral?, ¿y la parlamentaria (en receso)? Restablecer bienestar resulta imposible si ellas no comulgan con este propósito. Paradójicamente, contrarias a mandatos constitucionales y legales, con ciertas excepciones, habría concertación para bloquear el principio que prescribe a la administración pública como de servicio a la colectividad, que se rige por principios de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia… Organizaciones políticas y sociales no encajan en esto, solo protagonizan bregas por particulares intereses.
Ya no se duda de que la inseguridad, el crimen organizado, se institucionalizó hace tres lustros, refrendado por la consulta popular y referéndum de mayo 7 del 2011, cuando el 52.02% de votantes aceptó que el mandatario meta las manos en la justicia, quien estableció un obsecuente Consejo de la Judicatura transitorio, presidido por un ingeniero electrónico.
Entonces “se tomó la justicia con tres herramientas: el plan de desenrolamiento con una compensación económica para quienes no se alinearan; un régimen disciplinario persecutorio; y la evaluación direccionada. Eliminaron a casi el 90 por ciento de servidores”, evoca el entonces juez y ahora consejero Fausto Murillo.
Las ‘herramientas’ afectaron a todas las instituciones del Estado, para iniciar el soñado proceso gubernamental de 300 años. Sufrió (sufren) la ética, la transparencia, la caja fiscal. Los ingresados se tamizan como ‘voto duro’.
Así, ilusorio es “velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”, prescrito en el Art. 181.4 de la Constitución. Es cotidiano que el aparataje estatal cooptado, el judicial, en particular, se esfuerza por camuflar transparencia, indicios penales y civiles a sospechosos, incluyendo sujetos con vestimentas políticas. Es pernicioso mantener esta estructura; sustituir la Constitución vigente abrirá procesos renacentistas para el país.