Wellington Toapanta
Incierta e intrépida, por decir lo menos, es la crisis fiscal. Incierta porque el gobierno irradia cifras no fiables, contradictorias; intrépida por la desproporción de gastos respecto a ingresos.
El déficit oscila entre $ 5.500 millones y $ 11.000 millones; el gobierno contradice su propuesta de bajar en $ 1.000 millones el gasto público al determinar el techo presupuestario 2024, en construcción, en $ 33.296,8 millones, mayor en $ 1.749,8 millones al de 2023. La proforma incluiría alza del Impuesto a la Salida de Divisas, alternativa presidencial de financiamiento.
Pese al rigor constitucional sobre el trámite de proyectos de leyes sobre impuestos, el populismo financiero parlamentario juega a la ruleta para detenerla en bruscas alternativas al incremento del 12 al 15% del IVA. Su temporalidad es engañosa. La ruleta encubriría el inconfesado deseo de hacer regir el aumento por el ministerio de la ley.
El proyecto parece estar envuelto con juegos financieros. Escaló de financiar ‘la guerra interna’, a ‘pagar sueldos’, a reducir ‘déficit fiscal’, a ‘bajar el riesgo país’. Los nuevos ingresos permanentes, afectarán buena parte de la canasta familiar básica.
Parece que la coalición política gubernamental opaca la verdad, genera desconfianza. ¿Compite con los grados alcanzados por el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional?
La Corte calificó la defectuosa pregunta para dejar ‘el crudo del ITT (…), indefinidamente bajo el subsuelo’, acaso soslayando opinión geológica-técnica. La empresa estatal no extrae petróleo desde ‘bajo el subsuelo’ sino desde el subsuelo. Petroecuador no debe cesar la explotación, generar los $ 1.200 millones anuales y más.
El Ecuador registra alrededor de 30 subsidios. El de combustibles fue establecido en 1974 porque el gobierno no sabía qué hacer con tanto dinero que le entraba por el boom petrolero. Muestreos revelan que una familia de altos ingresos consume, por semana, $ 300 en combustibles, pero solo paga $ 100 por el subsidio.
Imperativo es sincerar la economía. Gastos de calidad, respeto a la normatividad, fortaleza institucional, garantizarán seguridad jurídica, atraer inversiones, generar empleo, bienestar al país.