Wellington Toapanta
No se dude que el 1 de mayo proliferarán consignas reclamando trabajo y empleo en el Ecuador, pese a que los mismos corifeos indujeron, en la consulta popular, rechazar inversión extranjera, generadora de empleo, transferencia de tecnología, bienestar.
Rechazar el arbitraje internacional supone conservadorismo económico y social, sostener su precariedad. La Corte Internacional de Arbitraje alberga más de 6 millones de empresas, cámaras de comercio, y asociaciones empresariales de más de 130 países, donde se dirimen controversias desatadas por gobiernos que transgreden contratos establecidos.
Hasta septiembre del 2010 el Ecuador tuvo tratados bilaterales de protección de inversiones con 13 países, pero aquel gobernante, huérfano de coherentes perspectivas de desarrollo económico y social, instruyó derogarlos a su dependiente Asamblea, invocando su estrafalaria Constitución y grotesca soberanía.
Seguidamente hizo daño financiero al Ecuador. El hoy prófugo de la justicia violentó precedentes contratos. Los afectados recurrieron al CIADI, que falló a su favor. Multimillonarias indemnizaciones están pendientes de pago, solo a Perenco $391 millones.
Frente al evidente incumplimiento de la petrolera venezolana PDVSA, de realizar los desembolsos acordados en su alianza binacional con Petroecuador para construir la, hasta hoy fantasmagórica, Refinería del Pacífico fue pasivo. Subsiste la inútil Empresa Refinería del Pacífico por el sorprendente arbitraje interpuesto por la morosa PDVSA.
Pese a esas improntas y la profusa difusión alegórica ‘Avanzamos Patria’, avanzó la Patria a la lista negra de alto riesgo para inversiones y acuerdos comerciales, de la que con mucho esfuerzo se trata de salir y reingresar a la globalización financiera y comercializadora. No es fácil, aquella amenaza aún causa temor a inversionistas: temen que vuelvan al poder.
El arbitraje es una institución milenaria, desde tiempos homéricos, siglo VIII a.C. Su historia moderna data en 1749 por acción de los Estados Unidos de América contra Gran Bretaña por violar su neutralidad durante la guerra civil estadounidense.
El arbitraje internacional garantiza seguridad jurídica para inversiones, contratos, acuerdos comerciales que generan transferencia de tecnología, empleo, bienestar. Es preventivo. Su exclusión es nefasta en la Constitución del 2008, conspira contra el desarrollo nacional.