Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ha expresado la voz de la Iglesia católica sobre la trágica situación del sistema carcelario con una lucidez encomiable. Es una opinión indispensable y un enfoque correcto, cuando los ecuatorianos angustiados y amedrentados, claman por su derecho a vivir en paz, libres de temor y exigen de todas las funciones del Estado y niveles de gobierno, el cumplimiento de su responsabilidad de protegerlos, lo que reciben a cambio son ofertas, muchas de ellas impracticables, orientadas a incrementar la represión.
Lo que actualmente sucede en las cárceles es solamente un síntoma de Estado débil, en riesgo de considerarse fallido, y exige respuestas integrales; iniciando por un diagnóstico imparcial, para que, determinando las causas, se entiendan los actuales efectos: causas políticas, como un presunto ‘pacto mafioso’ del Gobierno con el crimen organizado, financiamiento de campañas electorales por parte de los cárteles de la droga, uso de la seguridad como arma política para desestabilizar la democracia; causas institucionales, como el debilitamiento deliberado de la fuerza pública, la función judicial y el sistema de rehabilitación social, a través de los cuales el Estado aplica el monopolio de la fuerza legítima; lo más importante, la enorme crisis social, fruto de un sistema político económico que genera injusticia social, desempleo, subempleo, pobreza extrema, colapso de los servicios públicos, situación llevada al extremo por el ataque feroz de la pandemia; y, finalmente, la corrupción galopante que, desde los estamentos de la conducción política, parecería extenderse al resto de la sociedad.
Por esto es tan importante el mensaje de la Iglesia ecuatoriana; porque se enfoca en la prevención y no solamente en la represión; porque denuncia a la violencia que proviene de la propia estructura social, como el elemento en que debe centrarse la acción del Estado; porque de otra manera, legiones de policías y militares podrían agravar, antes que solucionar el problema que agobia a los ecuatorianos. Un organismo permanente de planificación y asesoramiento en seguridad es indispensable para cualquier Estado.