En uno de los poderes del Estado nuestro, el de la justicia, la opacidad se ha convertido en santo y seña. Son ya muchas las señales de peligro. Para no pocos ciudadanos es el “agujero negro” del sistema democrático que creemos tener. En ciertas decisiones de interés público se ve la “metida de mano” de nombres, rostros, historia política y amigos. Un sistema mafioso que condiciona numerosas decisiones judiciales.
Se posiciona en la opinión pública que hay jueces que mantienen una agenda propia, donde la decencia y los valores consustanciales con sus cargos brillan por su ausencia. Víctimas de las trampas del sistema judicial son los perjudicados. Los victimarios quedan impunes o con sentencias groseramente simbólicas. Si el autor es de “los nuestros” y la víctima de “los otros”, aquí no ha pasado nada. La fórmula: torcer la ley, burlarse de ella. Así de simple.
Hay un tópico recurrente en las supuestas violaciones al “debido proceso”. Para quien se roba una gallina no está vigente, para quien carga con millones a costa de la ciudadanía, sea en el sistema de salud como en la construcción vial, se echa mano al respeto del “debido proceso”. En una palabra, a estos delincuentes de “guantes de seda” se les observan todos sus derechos y garantías constitucionales y legales, a los de la gallina casi nunca.
¿Qué decir de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales interpuestas en ciertos procesos? ¿Qué de los diez mil presos sin sentencia en las cárceles? ¿Acaso no llama la atención la cantidad de grilletes electrónicos y prisiones domiciliarias repartidas a diestra y siniestra entre celebridades políticas y sociales? En todos los casos las cifras aturden, embotan los sentidos, se vuelven etéreas e inaprensibles.
Abundan el sicariato y las mafias se multiplican en todos los sectores sociales, sin distinción, lo cual consagra las desigualdades y rebasa los límites marcados por la Constitución. Como en el drama shakesperiano, en nuestro aparato y sistema judicial hay algo podrido, pese a que contamos con determinadas figuras en la Fiscalía y las cortes, cuya actuación les honra.
Visualizar esta tragedia y la compleja problemática que conlleva es un ineludible deber ciudadano. Para las personas decentes hay sólo un principio: si vemos una injusticia, hay que denunciarla, sea quien sea el culpable y sea quien sea la víctima.