Tzach Sarid*
En 1998, en el momento de la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el jefe de la delegación israelí, el juez Eli Nathan, expresó tanto esperanza como miedo por su futuro. En su carácter de sobreviviente del Holocausto y un humanitario de toda la vida, esperaba que la Corte cumpliera realmente su función de terminar con la impunidad de los delitos más graves. Pero, tras haber sido testigo de una preocupante politización del estatuto de la Corte durante las negociaciones para su redacción, incluida la elaboración deliberada de delitos destinados a atacar a Israel, temía que los objetivos de la Corte se pervirtieran con fines políticos. Incluso, al explicar que, lamentablemente, Israel podría no adherirse a un estatuto tan politizado, Nathan expresó la esperanza de que prevaleciera el sentido común y que la Corte “sirviera a los nobles objetivos para cuya consecución se ha establecido”.
Un cuarto de siglo después, parece claro que son los temores del juez Nathan y no sus esperanzas los que se han hecho realidad. Lejos de acabar con la impunidad de graves delitos, el anuncio del fiscal de la Corte de que está tramitando órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel junto con los líderes de Hamás es un regalo perverso a la organización terrorista. El mismo crea una equivalencia obscena entre los asesinos y violadores del 7 de octubre, y las víctimas que se defienden de Hamás, que ha jurado cometer dicha masacre “una y otra vez”.
El anuncio del fiscal también ignora un principio clave del Estatuto de la Corte —la complementariedad—. Esto establece que la Corte solo puede tener jurisdicción cuando los tribunales locales no pueden o no quieren actuar. Está claro que Hamás no tiene la intención de investigar sus propias atrocidades. Por el contrario, considera a cada víctima civil —tanto palestina como israelí— como un éxito perverso. Israel, por otro lado, tiene un sistema jurídico riguroso que ha demostrado estar dispuesto y ser capaz de investigar y enjuiciar las violaciones del derecho internacional.
De hecho, el compromiso de Israel con el mantenimiento del Estado de derecho fue elogiado por el propio fiscal cuando visitó Israel después de la masacre de octubre. Él señaló que “Israel cuenta con abogados capacitados que asesoran a los comandantes y con un sólido sistema destinado a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.
Los presuntos delitos también reflejan una desconexión de la realidad. El fiscal acusa a Israel de matar delibradamente de hambre a los gazatíes, mediante la imposición de un “sitio total”. No hace referencia al medio millón de toneladas de comida y ayuda entregados en cerca de 20.000 camiones, mientras Hamás sigue disparando misiles contra Israel y robando la ayuda y los suministros a los palestinos, a los que van destinados. Resulta difícil evitar la impresión de que fue para disimular estas discrepancias por lo que el fiscal trató de reforzar su decisión remitiendo las pruebas a un grupo de “expertos imparciales”. El tribunal insiste en que las declaraciones de los testigos y las evidencias periciales que fueron transferidas son “confidenciales”, pero sí fueron seleccionadas siguiendo los mismos criterios que el panel de expertos, eso genera serias preocupaciones.
El panel “imparcial” incluye a numerosos miembros que ya han efectuado públicas acusaciones críticas contra Israel. Pero lo más preocupante son sus ámbitos de especialización. Muchos se presentan como abogados especializados en derechos humanos, pero apenas están familiarizados con las leyes de los conflictos armados. El resultado es un panel que puede opinar en referencia al impacto de las medidas israelíes sobre los palestinos, pero no participar en la tarea crítica de deliberar con experiencia militar sobre lo que es necesario y permisible en defensa contra los continuos ataques con cohetes y la brutal retención de secuestrados. Si se incluyera en el panel a expertos como John Spencer, director del Centro de Estudios de Guerra Urbana del Instituto de Guerra Moderna de West Point, se presentaría una perspectiva sumamente diferente:
“Nunca he conocido a un ejército que adopte tales medidas para atender a la población civil del enemigo, especialmente mientras combate simultáneamente al enemigo en los mismos edificios. De hecho, conforme a mi análisis, Israel ha implementado más precauciones a fin de evitar daños civiles que cualquier otro ejército en la historia”.
La petición del fiscal aún debe ser aprobada por una Sala de Cuestiones Preliminares de tres jueces. En el pasado, la Sala ha dado el visto bueno a las solicitudes del fiscal, pero en este caso, cabe esperar que salve al tribunal de sí mismo.
En la Conferencia de la CPI de 1998, el juez Eli Nathan expresó su peor temor respecto a la Corte, que se convirtiera “en un foro político más del cual abusar con fines políticos por un grupo irresponsable de Estados, según su capricho político”.
Trágicamente, el fiscal acaba de acercarse un paso más a esa triste predicción.
*Embajador de Israel en Ecuador