Wellington Toapanta
Criterios económicos, sociales y políticos de responsables estatales y no gubernamentales parecen reducir, para 2023, a enigmas proyectos de desarrollo y bienestar. Los esfuerzos por desarrollar procesos de bienestar son, sistemáticamente, bloqueados por la mayoría parlamentaria y nichos judiciales.
Las apreciaciones no son antojadizas, porque la mayoría de la Asamblea Nacional se empeña en demostrar fortaleza para contravenir los más altos intereses nacionales, como seguridad integral, inversión, empleo, salud, educación, y, su nuevo objetivo parece ser lograr impunidad por sus recurrentes transgresiones a la Constitución que juró respetar.
La lista de infracciones incurridas es extensa, a la que sumó su decisión de no posesionar al designado Superintendente de Bancos, pese a que se doblegó a pedir disculpas públicas a los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por haber censurado y destituido a cuatro de sus miembros atropellando la garantía suprema del debido proceso, todo lo cual configura acto único.
Es que no posesionar al funcionario designado por el Consejo no solo sería mostrar pobreza de lectura sobre normatividad vigente, sino saturarse de contradicciones, que alimentan desprestigios no solo de las organizaciones políticas que representan, sino también de la institucionalidad del primer poder político del Estado.
Por ello, la mayoría parlamentaria ha decidido cerrar este 2022 refrendando su adversidad a la seguridad integral de la población ecuatoriana y, expande su mensaje que 2023 amanecerá con altas tensiones jurídicas-políticas.
La mayoría ha decidido colocar sobre la mesa discusiones sobre su legalidad y legitimidad, no solo su adversidad a responder sobre los más altos intereses ecuatorianos, con lo que invita al electorado a resaltar la falsedad y mentira de los discursos que el correísmo, el socialcristianismo, la Conaie y relacionados difundan a través de tarimas y medios informativos y de opinión.
Si pretende que es su forma de hacer oposición política, no está más alejado de la realidad, porque la Constitución de 2008 que refrenda la oposición, identifica a partidos y movimientos como “organizaciones públicas no estatales”, que tienen como fines contribuir a la seguridad integral, al desarrollo y bienestar nacional, no lo contrario.
La ausencia de esa mayoría en el hemiciclo parlamentario para debatir y aprobar un paquete de reformas para fortalecer las capacidades institucionales y la seguridad integral del país, parece emitir mensajes al Ecuador, a la comunidad internacional, que tiene conformidad con el estado de zozobra, temor y miedo de la población, que haya jueces que revoquen los esfuerzos del trabajo fiscal, de los agentes de seguridad. Hacerlo sería sostener la pobreza mental.
En 2023, esa mayoría podría mutar la lectura adjetiva por su ausencia del recinto parlamentario, no solo suprimiendo normas penales y procesales favorables al crimen organizado, sino endureciendo las necesarias para disuadir a la avalancha de crónica roja que se produce en las calles, en camufladas acciones sociales, en no pocos estamentos públicos, infestados de corrupción.