Sofía Cordero Ponce
El jueves 25 de enero la fiscal general Diana Salazar presentó su informe de labores del año 2023 al Pleno de la Asamblea Nacional: “Estoy consciente de que le resultó incómoda a algunos grupos, a algunos sectores, de que resultó incómoda a la delincuencia…”. Ella encarna aquello que la clase política dejó de representar hace muchos años, cuando el cinismo se instaló en las instituciones públicas, y el dinero de la última bonanza petrolera suplantó a cualquier ética pública y proyecto de país.
Dignidad vs cinismo se enfrentaron esa mañana en la que Diana Salazar explicó los logros, pero también las carencias y necesidades de una institución que hoy lidera la lucha contra el crimen organizado y la narcopolítica. Al escucharla, es inevitable pensar en algo que ya no es usual en la mayoría de la clase política: su discurso guarda coherencia entre los hechos y las palabras. Efectividad en las actuaciones fiscales para devolver a la sociedad la confianza en la justicia, resultados del caso Metástasis y sus efectos con un mensaje de no impunidad. Son ejemplos de un trabajo pulcro y meticuloso que lleva adelante la Fiscalía con el liderazgo de quien “tiene la verdad de su lado” y que resalta la importancia de “trabajar en silencio”.
En la otra orilla, el cinismo ocupa las redes sociales con el liderazgo de un expresidente prófugo de la justicia que trata de involucrar a la fiscal en los chats de Leandro Norero vinculándola con el alias “la negra”. “No soy la única mujer negra del país, pero sí la que ha demostrado luchar contra las organizaciones criminales”, responde la fiscal a la acusación del expresidente, quien, de paso, ha demostrado un patético racismo.
Diana Salazar es un referente de ética pública y lidera desde la Fiscalía la posibilidad de lo que ella llama “un gran cambio”. Sin embargo, la lucha debe ser colectiva, porque se trata de que las instituciones públicas se vuelvan a llenar de dignidad.